En la ocasión se destacaron los cambios que se han logrado en la carrera y sus nuevos ejes estratégicos.
La carrera de Administración Pública del Campus Santiago de la UV realizó la inauguración de su año académico 2019 con la clase magistral de Rubén Verdugo, superintendente del Medio Ambiente, quien expuso acerca de la experiencia, funciones y desafíos de la entidad que actualmente encabeza.
Esta ceremonia fue presidida por el prorrector Christian Corvalán, quien fue acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Óscar Fariña, y el secretario de la misma, Galo López; el director del Campus Santiago, Carlos Bravo; el director de la Escuela de Administración Pública, Diego del Barrio; la jefa de carrera en Santiago, Jeannette Rodríguez; y el profesor encargado de Vinculación con el Medio de la carrera en la capital, Gonzalo Luna. Asistieron académicos y estudiantes.
Corvalán destacó que “nuestra universidad ha hecho una contribución muy importante a un Estado más moderno, más democrático y más eficiente a través de la formación de administradores públicos”. Agregó que la positiva recepción de nuestros profesionales en distintas instancias gubernamentales, en niveles regionales y nacionales, demuestra que “hemos logrado una formación bastante pertinente”.
El prorrector sostuvo, asimismo, que una de las fortalezas de estudiar Administración Pública en una entidad estatal como es la UV es “un fuerte compromiso con aquellos componentes que significan mejoras democráticas y de cambio social”.
En ese sentido, expresó que para los estudiantes constituye una “experiencia emancipadora y no meramente tecnocrática”. Por otro lado, dijo que la carrera ha conseguido avances significativos en aspectos como la participación triestamental y en hacerse cargo de la perspectiva de género, lo cual “tiene un impacto formativo muy importante” para quienes a futuro seguirán trabajando en la “modernización del Estado”.
Nuevo plan estratégico
Diego del Barrio, quien asumió recientemente como director de la Escuela de Administración Pública, puso énfasis en que “conscientes de los cambios surgidos desde la sociedad, buscaremos generar una gestión inclusiva con diferentes ejes temáticos y que recoge el sentir de la comunidad”.
De esta manera, el nuevo plan estratégico de la carrera se enfocará principalmente en las áreas de docencia, investigación (que se potenciará) y vinculación, con el fin de “generar un verdadero valor público para la sociedad”. Como base de esta propuesta -complementó- se incorporará con fuerza la perspectiva de género y de inclusión.
El académico recalcó que “la real función de una escuela de Administración Pública es formar profesionales que entiendan que lo nuestro es la ciudadanía”. En ese sentido, reivindicó la histórica preocupación de la carrera por formar no solo profesionales competentes, sino también por inculcar valores éticos.
En el acto también intervino Bárbara Maulén, presidenta del Centro de Estudiantes de Administración Pública, quien destacó que las movilizaciones feministas y de la carrera visibilizaron los problemas de la mujer dentro y fuera de la institución. Asimismo, señaló que pusieron en evidencia la baja participación del estamento estudiantil en las decisiones de la Universidad. “Fue así como se luchó por la triestamentalidad de la carrera”, lo que finalmente se logró en 2018.
Maulén se refirió luego a la necesidad de mejorar la gestión pública en beneficio de la comunidad, combatir la corrupción y el individualismo, y motivar la participación estudiantil, entre otros aspectos.
Institucionalidad ambiental
En su charla, Rubén Verdugo explicó que una institución pública debe “tener la capacidad de anticiparse y de resolver los problemas y no llegar tarde”, cuando ya se han producido eventos o situaciones que afectan al medio ambiente o a la calidad de vida de las personas, como en los episodios de contaminación del aire en Quintero-Puchuncaví y en la capital, o por ruido en zonas como Valparaíso. En todo caso, la autoridad reconoció que el trabajo de fiscalización no está exento de “presiones”.
Entre los sectores que presentan más procesos sancionatorios por incumplimiento ambiental en el país figuran la minería, especialmente por impactos en los recursos hídricos; y energía, debido a proyectos de líneas de transmisión, por ejemplo.
La Superintendencia del Medio Ambiente, comentó Verdugo, está trabajando en mejorar las comunicaciones y los elementos de contención entre la comunidad y el sector productivo, así como en el monitoreo en línea (sensores de calidad de aire y de olores, entre otros).
Durante su presentación, el superintendente recordó que la institucionalidad ambiental en Chile se fortaleció como requisito para poder ingresar a la OCDE en 2010. De esta manera, el país transitó desde contar con una entidad coordinadora (Conama) a un Ministerio del Medio Ambiente junto a un Servicio de Evaluación Ambiental y a una superintendencia a cargo de la fiscalización de las RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental o permisos ambientales para proyectos de empresas) y planes de descontaminación, entre otras materias.
Hoy realiza esta labor directamente, con apoyo de entidades sectoriales o de terceros autorizados. Uno de los hitos al respecto fue la creación, en 2014, de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental que incluye a distintos servicios públicos.
Verdugo hizo hincapié en que los administradores públicos hoy deben ser capaces de saber interactuar con profesionales de distintas áreas para lograr soluciones a los problemas.
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