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Segundo seminario sobre Reforma al Tribunal Constitucional abordó su control represivo

21 Noviembre 2019

El ciclo es organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso en alianza con el Senado.

En el marco del ciclo “Reforma al Tribunal Constitucional: desde la academia a la política”, que organizan en conjunto la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y el Senado de la República, se llevó a cabo el segundo seminario titulado "Control represivo del Tribunal Constitucional: inaplicabilidad, inconstitucionalidad y justicia ordinaria".

Expusieron el profesor de la Escuela de Derecho UV Enrique Letelier y el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Mario Gómez, en una jornada que fue moderada por la académica de la Escuela de Derecho UV Daniela Marzi.

En la oportunidad, a partir de un texto elaborado previamente por el académico y que se comunicó a los expositores, se discutió acerca de la figura del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que desde la reforma constitucional del año 2005 conoce el Tribunal Constitucional, remplazando a la antigua figura del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que hasta esa fecha conocía la Corte Suprema. En particular, el profesor Letelier analizó los elementos caracterizadores del actual requerimiento de inaplicabilidad, planteando, desde el análisis de casos concretos, algunas dudas sobre las finalidades que esta acción actualmente cumple y su interacción con el recurso de protección que conocen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Por su parte, Mario Gómez comentó la experiencia que desde la magistratura de la Corte de Apelaciones ha tenido en la resolución de los recursos de protección y la eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional en el resultado de los mismos, la que varía según los fundamentos que tenga la Corte para acoger o rechazar la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales. “¿Quién tiene la última palabra en materias judiciales? El caso está abierto y trasciende tribunales”, aseguró.

“Quisiera recordar al profesor Agustín Squella, que en los ramos introductorios del Magíster aludía, citando a filósofos del derecho, al juez Hércules para resolver los casos difíciles. El juez era como el capitán de un barco y el barco es la ley, que hay que conducirla o guiarla por la mar, es decir, aplicar la ley en la sociedad, y ojalá arribar a buen puerto. El juez es el capitán, el capitán evalúa que si la mar está brava me voy por diferentes coordenadas marítimas, pero lo importante es que pueda llegar a aplicar la ley al caso concreto, que llegue a buen puerto”, cerró.

El profesor Enrique Letelier detalló que "a partir de una invitación formulada por el profesor Juan Carlos Ferrada y reflotando algunas ideas que expusimos con los docentes Nicole Selamé y Jaime Bassa en un seminario sobre justicia constitucional organizado en 2018 por la Pontificia Universidad Católica del Perú, planteé la tesis que el actual requerimiento de inaplicabilidad, después de su configuración con la reforma constitucional de 2005, permite al Tribunal Constitucional adentrarse en cuestiones que exceden del solo análisis de la constitucionalidad de una ley aplicada en un caso particular, puesto que es prácticamente inevitable que este tribunal deje de atender a los hechos de la causa en que se ha solicitado su pronunciamiento sobre la inaplicabilidad. Ello genera que en varios casos el TC haya emitido juicios de valor en cuanto a los hechos de la causa, lo que desvirtúa el sentido del requerimiento y excede su ámbito competencial. El planteamiento hecho, que podría ser materia de debate, es que el control concreto de la constitucionalidad de las leyes debería volver al Poder Judicial e incluso, siendo más radicales, que debería desaparecer como recurso o vía de reclamo, siendo reemplazado por un modelo de control difuso de constitucionalidad a cargo de todos y cada uno de los jueces y juezas de la República”.

La actividad se llevó a cabo en la Sala de Consejo Ítalo Paolinelli Monti de la Facultad de Derecho UV, y contó con un amplio marco de público asistente, integrado en su mayoría por estudiantes y académicos.