La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
Sobre los veinte años de la reforma procesal penal en Chile, sus orígenes, las modificaciones que han tenido diversas instituciones y la actualidad del funcionamiento de la justicia penal expuso el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Enrique Letelier en la charla digital "Reforma procesal penal. Lecciones aprendidas y retos futuros", organizada por la Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP) y transmitida a través de Instagram. La actividad forma parte del ciclo de charlas abiertas que la asociación organiza por dicha red social.
La entrevista fue conducida por María Elena Godoy, abogada del Ministerio Público Federal de Argentina. Junto al docente UV conversaron acerca de los orígenes de la reforma procesal penal en Chile -de la que se cumplirán veinte años dentro de unos meses-, sobre cómo se han ido modificando algunos mecanismos –como el control de identidad, la detención por flagrancia y la prisión preventiva-, la labor de los fiscales, de la política de persecución penal y del funcionamiento de la justicia penal durante la pandemia, entre otros temas.
“La reforma procesal penal empezó en la Región de Coquimbo como zona piloto junto a La Araucanía, y el proceso fue implementándose en forma gradual hasta llegar a Santiago. Llegamos a la reforma porque el modelo del Código de Procedimiento Penal de 1906 era un código de su época, de comienzos del siglo XX, y ya era insostenible e indefendible. En la figura de una sola persona, el juez del crimen, se reunía la decisión de abrir una investigación, llevar a cabo la investigación, someter a proceso, dictar las cautelares, cerrar la investigación, acusar y juzgar, y aun así teníamos sentencias absolutorias”, contextualizó.
Letelier se refirió también a los factores que ayudaron a la reforma, explicando que “se contó con un acuerdo político de diversos sectores sobre la necesidad de modificar el sistema. Acá hay que recordar que habíamos recuperado la democracia en 1990, y con la recuperación de la democracia se reforma la Constitución y se incorpora una norma de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, entonces ingresaron los pactos sobre derechos humanos con estándar de constitución material y, por tanto, había que adecuar el enjuiciamiento penal a los estándares internacionales”.
“Otro factor fue el apoyo transversal de la academia y jueces, aunque éstas son instituciones de transición. Uno nota en el Código Procesal Penal del año 2000 instituciones del viejo código que fueron trasplantadas, entonces es interesante analizarlo desde el punto de vista de la cultura judicial. Además, hubo recursos, se impulsó la idea de que hay que invertir en justicia”, añadió.
“Se modificó el sistema y se inaugura un nuevo relato en éste. Entonces pasamos de un modelo absolutamente inquisitivo y autoritario, centrado en la figura del juez y con muchos controles verticales, a uno de corte acusatorio, en el que van apareciendo figuras nuevas”, detalló.
Según indicó el académico, “la experiencia fue muy enriquecedora, porque permite ordenar las ideas y expresar sintéticamente el avance que significó para Chile el cambio de modelo del viejo procedimiento penal al actual, y también cómo los ajustes (reformas legales y adecuaciones en la práctica) no obedecen siempre a criterios razonables de política criminal. En Argentina miran con mucho interés la reforma procesal penal chilena, porque aparte de que los códigos procesales penales de cada provincia contienen particularidades que atender, como el juicio por jurado, el reciente Código Procesal Penal Federal contempla varias regulaciones que vale la pena comparar con el modelo chileno”.
El profesor Enrique Letelier fue invitado a participar de la actividad por parte del presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Jorge Rojas, y su vicepresidente, José María Salgado.
El registro completo de la actividad se puede revisar en: https://bit.ly/3eydT3v
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