En la segunda conferencia de “UVerde”, en la que participaron como expositores Francisco Meza, Daniela Rivera y Ezio Costa.
La iniciativa “Uverde” de la Universidad de Valparaíso realizó su segunda conferencia online de este año, denominada “Aguas continentales: sus usos y conflictos en Chile en el contexto del cambio climático”, que contó con la participación de más de 150 personas a través de la plataforma Zoom y de Youtube.
En la ocasión, los panelistas realizaron un preocupante diagnóstico: que la escasez hídrica se está intensificando en el país debido al cambio climático. Por lo tanto, indicaron que es urgente tomar medidas para evitar que este panorama continúe empeorando, las que van desde avanzar hacia una gestión integrada de las cuencas hidrográficas hasta consagrar el agua en una eventual nueva Constitución como un bien de uso común.
En la actividad, que se llevó a cabo el segundo martes de septiembre, expusieron el ingeniero agrónomo de la PUC y exdirector del Centro UC de Cambio Global Francisco Meza; la abogada de la UTalca y directora del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas, Daniela Rivera; y el abogado de la U. de Chile y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, quienes luego respondieron preguntas que les formuló el moderador David Poblete, académico de la Universidad de Valparaíso, y del público presente.
Meza puso de relieve que “en el ámbito del cambio climático tenemos que hacer mucho más patente el conocimiento que estamos generando sobre la gestión de los recursos, entre ellos los bienes comunes, que son crecientemente escasos. Por lo tanto, la gobernanza de ellos exige un nivel de participación que todavía no estamos dimensionando”.
Costa acotó que “probablemente la gestión integrada de cuencas y la creación de organismos territoriales que integren usuarios y no usuarios de los derechos de agua, es trascendental. Además, incorporar la exigencia a quienes están utilizando este elemento escaso que es el agua la necesidad de mantener ese bien común para las generaciones futuras es igualmente esencial”.
En la misma línea, Rivera comentó que “para Chile, yo también considero que el modelo que debiera implementarse es gestionar integradamente todas las aguas. Y después avanzar hacia una gestión integrada de cuencas, que es un escenario más elevado que requiere reunir y articular a muchos más actores”.
Informes alarmantes
Francisco Meza dio inicio al evento con su presentación “Nexo Agua-Alimento-Energía + Cambio Climático: ¿Podemos explicar los conflictos por el agua”. Como integrante del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), dijo que con miras a la publicación del sexto informe en 2021 ya se han difundido algunos estudios específicos que sirven de preámbulo y dan cuenta de un acelerado y alarmante aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera (el último registro indica más de 410 partes por millón o ppm), así como de la temperatura promedio del planeta, lo cual conlleva efectos severos en nuestra región y país. Uno de ellos, enfatizó Meza, es una “mayor presión por los recursos hídricos”.
Al observar el comportamiento de las precipitaciones en Sudamérica, el investigador explicó que se dan distintas realidades. Algunos lugares ubicados al este del subcontinente, como Argentina, sur de Brasil y Uruguay, “empiezan a ser más húmedos en el presente de lo que solían ser, en contraste con la zona oeste, la vertiente occidental, que es afectada por un sequía”, indicó Meza.
El ingeniero agrónomo agregó que “en nuestro país hemos visto un incremento en las temperaturas máximas. Además, sabemos que estamos experimentando una mega sequía, especialmente en Chile central. Si bien hemos tenido este tipo de eventos en el pasado, estos han empezado a ser más frecuentes”.
Meza puso de relieve que “existe un vínculo súper estrecho entre los recursos hídricos, la provisión de alimentos y la generación de energía con flujos de agua que van en distintas direcciones”.
Por otro lado, comentó que participó junto a otros investigadores, por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, en la elaboración de un un atlas interactivo de vulnerabilidad de nuestro país por efectos directos e indirectos del cambio climático, el cual estará disponible próximamente.
Conflictividad judicial de las aguas
La abogada Daniela Rivera, en tanto, presentó el estudio, que desarrolló junto a otros autores, “Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su prevención y resolución”, el cual contempló el periodo 2009-2018. Los datos evidenciaron claramente “un aumento e intensificación de los conflictos que se judicializan en torno al agua” y que, además de los temas clásicos en tribunales, “en los últimos años se han incorporado elementos técnicos de mayor complejidad que incluyen, por ejemplo, la definición de la propia disponibilidad sobre todo en escenarios de escasez”, entre otras consideraciones.
Otra tendencia, agregó la directora del Centro UC de Derecho y Gestión de Aguas, es que se han diversificado las fuentes de conflictividad. “A través de la acción de protección, las temáticas son distintas y los actores no son necesariamente los titulares de derechos de agua, sino que también llegan a tribunales personas y comunidades que están siendo afectadas por algún tipo de situación”. A esto se suma que en casi todos los casos “los involucrados están llevando sus diferencias hasta la más alta instancia”, es decir, a la Corte Suprema.
Según el estudio que citó Rivera, los principales temas debatidos fueron constitución de derechos de agua o DDAA (153 casos equivalentes al 38%), acciones de protección (85,21%), regularización de DDAA artículo 2 transitorio del Código de Aguas (74,19%), patente por no uso de aguas (56,14%) y amparo judicial (32,8%). La mayoría de las controversias se concentró en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins. Y si bien la duración judicial de estos conflictos es variable, “por lejos la temática o conflictividad que tiene la más amplia tramitación judicial en su duración es la regularización de derechos en virtud del artículo 2º transitorio del Código de Aguas, con medianas que van entre 2,7 y 7 años”, afirmó Rivera. En tanto que el amparo judicial puede demorar “entre los 2 y 4 años”.
“En cuanto a las resoluciones o sentencias que ponen término a estos conflictos por el agua, se observan disparidades de forma y fondo. No hay total uniformidad. Por eso, surge de inmediato la necesidad de recomendar la introducción de fórmulas que mejoren la resolución de estos conflictos”, aseveró Rivera.
Bien de uso común
La conferencia continuó con la exposición del director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, quien dijo que hay que “recuperar el concepto de bien de uso común”, ya que “nuestra tradición jurídica lo reconoce y su reconocimiento en la legislación positiva tendría importantes consecuencias”.
Indicó que su planteamiento se contextualiza “en una lógica de cambio y de pensar que es posible que tengamos una nueva Constitución, eso es lo que yo espero al menos, y vamos a tener una discusión sobre cómo consagrar el agua” en una nueva Carta Magna.
Actualmente, el Código de Aguas indica en su artículo 5º que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas (…)”, mientras que en el artículo 19 de la Constitución, inciso 24º, sobre el derecho de propiedad, incluye los “derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Es decir, según Costa, “la Constitución reconoce una especie de propiedad sobre los derechos de agua, no directamente sobre el agua, pero que finalmente en la práctica significa que el agua está privatizada”.
Costa explicó que la teoría de “la tragedia de los bienes comunes” de Garrett Hardin (1968) “está muy inserta en nuestra cultura”. Esta plantea el dilema de la sobreexplotación de los recursos naturales de uso colectivo debido al interés individual. Para ello, en su ensayo indica que si hay un campo común, los ganaderos tratarán de poner allí el máximo de ganado posible hasta agotar la capacidad del predio de dar alimento, con lo cual todos perderán.
Sin embargo, la cientista política y Premio Nobel de Economía (2009) Elinor Ostrom, publicó “El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva”, artículo en el que cuestionó dicha premisa de Hardin, dado que “mucho de la evolución de las sociedades ha tenido que ver con el uso y aprovechamiento de bienes comunes”, dijo el abogado de la U. de Chile. En los también llamados “recursos de uso común” es difícil excluir a alguien de utilizarlos (agua del río o agua subterránea en un predio, por ejemplo) y, si bien hay rivalidad en el consumo, estos pueden administrarse de manera comunitaria y sustentable, relató Costa.
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