Actividad se enmarca en el proyecto Fondecyt N° 1180197, dirigido por el profesor de Derecho UV Jaime Bassa.
Con el objetivo de aportar a la discusión académica, social, política y legislativa actual de nuestro país, se realizará el seminario internacional “Reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes en Chile. Desafíos y perspectivas para el derecho migratorio”, organizado en el marco del proyecto Fondecyt N° 1180197, dirigido por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa.
La actividad contará con las exposiciones de Fernanda Torres, co-investigadora en CEPCV y GESDI- UB; Christian Viera, doctor en Derecho Universidad de Deusto y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso; Natalia Caicedo, doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona y profesora del departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la misma casa se estudios; y Luis Eduardo Thayer, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, integrante del centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la UCSH y miembro del proyecto Anillo SOC180008. Moderará la jornada Jaime Bassa, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso.
El seminario se llevará a cabo el viernes 15 de enero desde las 12 horas y se transmitirá en vivo a través del canal de Youtube Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso. En la jornada se tratarán las temáticas proceso constituyente y reconocimiento constitucional de los migrantes, interculturalidad y mecanismos de integración/inclusión, derechos sociales, datos y estadísticas migratorias respecto al proyecto de ley Boletín N° 8970-06, e igualdad de derechos y no discriminación (género).
Jaime Bassa, coordinador de la actividad, explicó que “los nuevos flujos y realidades migratorias alrededor del mundo han cambiado las nuevas estructuras de la movilidad humana, considerando factores sociales, políticos y económicos que motivan a las personas a emigrar a un nuevo destino en búsqueda de mejores expectativas de vida. El paradigma de la seguridad pública, la migración selectiva (o deseada) ha mutado al reconocimiento del derecho universal a emigrar, la apertura de fronteras y la no criminalización de la migración irregular”.
“Chile, no ha estado exento de estos nuevos cambios. Las realidades latinoamericanas han impactado en los flujos migratorios, siendo nuestro país un lugar de destino para las migraciones no sólo de países fronterizos como Perú y Bolivia, sino de países que, dada su situación política, han buscado a la estabilidad en nuestro estado, tales como Haití, Colombia y Venezuela, entre otros. Esto ha generado que se replanteen nuevamente el sistema normativo y de protección de los derechos de las personas migrantes desde la necesidad de una modificación a la actual legislación de migraciones, actual Decreto Ley N° 1094 de 1975, como la aplicación de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos relativos a la población migrante, los cuales Chile ha ratificado y se encuentran vigentes, siendo normas plenamente aplicables”, añadió.
Desde una óptica académica, detalló, “esto ha permitido una reconfiguración del estatuto jurídico del inmigrante, generando un desafío para el derecho migratorio, el cual debe incorporar nuevas perspectivas en su aplicación, considerando las condiciones materiales de existencia de la población migrante como un colectivo que requiere una especial protección. Por último, Chile se encuentra en un cambio político social relevante al poder decidir el cambio de su Constitución Política y el mecanismo por el cual se redactará. Los migrantes no pueden estar ajenos a este proceso, debiendo el estado reconocerles el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ejemplos como la Constitución Ecuatoriana, que reconoce el derecho a emigrar y su protección a nivel constitucional, podría permitir debatir la necesidad de la protección constitucional de los derechos fundamentales de este colectivo”.
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