Fernando Muñoz: “La ley antidiscriminación ha sido un fracaso. Es ineficaz y está en crisis”
Académico de la Universidad Austral expuso sobre el tema en actividad organizada por el Programa de Doctorado en Derecho UV.

Como “un fracaso” calificó la actual Ley Nº 20.609 Antidiscriminación (denominada también como Ley Zamudio) el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y académico de la Universidad Austral de Chile Fernando Muñoz León, quien agregó que este conjunto de normativas se encuentra en crisis por su nula efectividad.

El profesor Muñoz se refirió a esta materia en la conferencia “La necesidad de una interpretación pro discriminado de la acción contra la discriminación de la Ley Nº 20.609”, que dictó en la Sala de Consejo Italo Paolinelli de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, invitado por el programa de Doctorado en Derecho de este plantel.

El profesor Fernando Muñoz también encabezó un seminario de discusión cuya finalidad fue la revisión y discusión de los avances de proyectos de tesis doctoral de los alumnos de la tercera versión del programa de Doctorado en Derecho UV y de un avance de tesis doctoral de la segunda versión del mismo.

Durante su conferencia, el doctor Fernando Muñoz -autor de numerosas publicaciones en su especialidad, entre las que destaca su último libro, “Hegemonía y Nueva Constitución”- manifestó que está dedicado a desarrollar una investigación de la Ley Antidiscriminación “a la luz de lo que ocurre en la vida real” y que entre sus conclusiones más tajantes está que “fue diseñada en el 2011 para que deliberadamente no tuviera ningún efecto y ningún potencial”.

Agregó que ha estudiado las sentencias relacionadas con la aplicación de esta ley entre el 2012 y el 2016, detallando que en ese período “se han registrado 89 sentencias, de las cuales sólo diez han sido acogidas en favor del demandante y más de la mitad rechazadas por falta de pruebas”, agregando además que se percibe un escaso volumen investigativo de las causas.

Recordó que desde 1999 distintas organizaciones sociales han promovido que se promulgara una ley antidiscriminación, sin embargo, no hubo voluntad política en el Gobierno de Ricardo Lagos para que prosperara, ni tampoco la hubo en 2011 cuando el cuerpo legal se discutía en la Comisión de Justicia en el Congreso, cuando la presidía la senadora Soledad Alvear.

“Creo que esta ley incluso es homofóbica, porque recuerdo que cuando se discutía la norma, los parlamentarios Alvear, Walker y Larraín interpretaron que esta ley justificaba la pedofilia, porque para ellos su imaginario homofóbico es así, por lo que prácticamente esta ley no presta ninguna utilidad. No tenemos un derecho verdaderamente antidiscriminatorio en Chile”, dijo.

Según el profesor de la Universidad Austral, la ley Nº 20.609 está redactada bajo la concepción de una cultura jurídica y doctrinaria que no conoce el paradigma de la discriminación. “Está escrita bajo la construcción doctrinal que tiene un dejo de conservadurismo. Falta mucha apertura al derecho comparado, a las formas de traducir jurídicamente los derechos humanos y a una visión sociológica y multidisciplinaria (sicológica y social) de la discriminación”, acotando que esta doctrina “debe trascender al proceso civil clásico, de la lógica de restituir el daño causado”.

Según su parecer, el problema de la discriminación “no es un asunto entre partes, tiene que ver con un interés público; de romper castas, de restituir a un grupo desventajado. Es un problema de justicia social, no entre particulares y hay muchos antecedentes a los cuales invocar”.

El doctor Fernando Muñoz manifestó que en estos procesos judiciales está muy patente la dificultad en la presentación de pruebas y, además, operan las percepciones cognitivas e inconscientes de los jueces, “que según estudios realizados en Estados Unidos, se puede apreciar que son más receptivos a argumentos de grupos privilegiados (blancos y de clase alta) que a los grupos discriminados y eso es a nivel mental, inconsciente”.

La propuesta del profesor de la Universidad Austral es “que exista un principio pro discriminado, que opte por reconstruir las normas de manera de lograr la máxima eficacia de las sentencias. Un juez no puede reparar sólo la conducta discriminatoria de los involucrados; debe reparar socialmente, dejarle claro a la sociedad que se ha obrado mal”.

A este respecto, llamó la atención de que los pocos juicios por Ley Antidiscriminación que han logrado sentencias favorables a los denunciantes “son los que han tenido cobertura mediática, gracias a la figuración pública. En los casos en que la ciudadanía tiene posibilidades de expresarse, a través de los medios o de las redes sociales, se han obtenido resultados favorables”. Acotó que esto refuerza “el hecho de que estas conductas no son aceptables socialmente y que ese consenso se debe sensibilizar”.

Fernando Muñoz resumió que el principio pro discriminado que él propone debería ir aparejado de tres principios: “Finalista, en el sentido de que el criterio último sea lograr un objetivo, que es cambiar la cultura y las prácticas sociales; sistemático, que significa que se integren los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes; y tercero, eficaz, o sea, que la ley tenga facilidades probatorias y esté redactada con un lenguaje que permita interpretaciones aceptables”.

Concluyó que la Ley Antidiscriminación actual “es un fracaso y está en crisis. Sus aplicaciones han sido erráticas, aisladas y poco sistemáticas”, precisando que “está pendiente una traducción en la cultura jurídica de esta ley al lenguaje del derecho, pues está al debe en materia de mayores niveles de igualdad. Es un anhelo social y la responsabilidad no es sólo de legisladores y jueces, sino de toda la sociedad”.

Publicado lunes 17 de julio de 2017
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