Académico brasileño expuso en seminario “Migración y Derecho Penal”
El doctor Antonio Martins intervino en encuentro organizado por el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal.

El Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso organizó el seminario “Migración y Derecho Penal”, oportunidad en que expuso el doctor Antonio Martins, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

Durante la actividad, el académico se refirió a los principales puntos tratados en su trabajo “Inclusión, exclusión y derecho penal. legitimación, interpretación y dogmática del derecho penal frente a la problemática de la migración”. En efecto, habló de la importancia que tienen los contextos migratorios y los flujos migratorios para las temáticas normativas, la aplicación del derecho penal, la imputación penal, y las características de la actual política criminal frente a los flujos migratorios.

“Yo empecé a plantearme algunas ideas respecto del concepto de pueblo y teoría del derecho penal hace poco menos de un año, en un congreso en la Universidad de Hamburgo, preguntándome de qué manera el concepto de pueblo tenía alguna importancia para discusiones de trasfondo filosófico y jurídico, de qué manera eso tiene alguna importancia para la ética, para la moral, para la política, y me tocó hablar de derecho penal y, naturalmente, sobre todo en un contexto alemán, al hablar de pueblo y derecho penal las primeras ideas que surgen no son especialmente positivas”, aseguró al inicio.

Al respecto, explicó que “me di cuenta en el proceso de trabajo que el concepto de pueblo en sí tiene muy poca importancia para el derecho penal, visto como una idea con rasgos autoritarios, pero es un concepto que lo damos por presupuesto en el derecho penal, y lo que de verdad invita a la reflexión es lo que, por así decirlo, ‘irrita’ en esta noción de pueblo, o sea, acaba por definirse por aquello que el concepto puede excluir, y que en nuestro tiempo yo diría que son, sobre todo, los flujos migratorios hacia sobre todo los migrantes, aquellos que en principio no pertenecen a un pueblo, o aquella persona que perteneciendo formalmente a un pueblo, no pertenece de hecho a un pueblo, sobre todo las minorías étnicas”.

“En el contexto jurídico-penal yo diría que los conceptos de pueblo, de religión, de etnia, de grupo social, nación, son todos dados por presupuestos y partimos de la idea de las reglas homogéneas que se quiere preservar, y que tienen que ver con la manutención de la convivencia social. En el contexto positivo del derecho penal, yo creo que la sencillez de la relación entre pueblo, minoría y derecho penal esconde una tensión más profunda en el contexto político y democrático, y que es exactamente la idea de que esa protección de minorías parte de una noción en que hay un consenso mayoritario para la protección de minorías, y si esta tensión existe en el trasfondo del funcionamiento de un sistema político en general, a mí me parece que llega a la superficie cuando se trata no de la protección de estas personas, pero si cuando ellas –migrantes, minorías- son los destinatarios de las normas penales, destinatarios del derecho penal del Estado, porque ahí queda muy claro que las normas consensuadas de las cuales ellos mismos son objeto de protección muchas veces también se pueden aplicar en contra de ellos, y ellos son las personas más débiles, que acaban siendo objeto de tratamiento del sistema penal”, explicó.

“La necesidad de legitimación del derecho penal exige legitimación democrática, en la cual el derecho penal es el derecho más interviniente, el derecho que excluye incluso de la convivencia democrática a aquellos que por el derecho penal son tratados, y esta necesidad de legitimación es todavía más fuerte o más urgente cuando los destinatarios del derecho penal no son aquellos que son responsables por la producción de sus normas”, añadió.

Respecto a la teoría de la criminalización, aseguró que “es una contribución científica al discurso democrático hacia lo que se está diciendo en contra una tendencia crítica en muchos países, sobre todo en Alemania, contra la teoría de la criminalización en general. No es una teoría contra el legislador democrático, es una teoría que pretende contribuir. Yo hago referencia en el texto a los fundamentos de una visión específica de la teoría personal del bien jurídico, donde hay una interpretación muy específica, de comprenderla como una teoría de contribución al discurso democrático”.

“Yo creo que la lógica del proceso de criminalización es la generalización de intereses, a partir de la idea de que lo que orienta el discurso criminalizador es la de lo que atiende al interés de todos aquellos que participan de la vida política de un estado. En este caso, la teoría del bien jurídico es una especie de catálogo dinámico de principios de determinados resultados argumentativos, que dice que en algunos casos hemos llegado a la conclusión, y no merece la pena seguir discutiendo, que hay tipos de intereses que no son nunca generalizables”, explicó.

Al respecto, añadió que “me parece que el déficit de legitimación se mantiene presente siempre que pueda ser compensado a partir del esclarecimiento de una comunicación de las normas criminalizadoras a aquellos que no participan del círculo de los creadores de las normas, o sea de aquellos que están incluidos en el proceso democrático. Pero una obligación de información significa que hay que comunicar esas normas, pero tiene que incluir a esas personas en el discurso de legitimación”.

“Por su parte, la imputación penal está siempre anclada en la ley, pero presenta muchos problemas específicos en la aplicación e interpretación del derecho penal. Yo defiendo que la interpretación penal es imposible sin el recurso, la referencia a norma, de normas sociales, normas de cultura, y que esta idea tal vez sea el único punto de referencia para solucionar algunas cuestiones difíciles, y quizás sea también lo que nos haga posible comprender cómo tratar como objeto de interpretación penal a aquellos que poco conocen el derecho penal de un país, y que llevan a todos los déficits de legitimación”, aseguró.

Publicado martes 29 de enero de 2019
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