El académico de Derecho UV colabora hace años en comisiones legislativas e investigadoras.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa integrará el equipo jurídico que defenderá ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley que busca modificar la jornada laboral en Chile, reduciéndola de 45 a 40 horas de trabajo semanales.
El académico y presidente del Departamento de Derecho Público -quien lleva varios años colaborando en comisiones legislativas e investigadoras- explicó que “ello forma parte de un trabajo previo de colaboración y asesoría con el trabajo legislativo en general. Éste último, así como la discusión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, entran dentro de las áreas de mi especialidad, especialmente en lo relativo a la garantía y protección de los derechos fundamentales”.
Respecto a los principales puntos que ha dado a conocer al respecto, el profesor Jaime Bassa publicó una columna de opinión en el portal El Mostrador en la que aseguró que la discusión “es muy representativa de lo que ha sido la historia del actual texto constitucional. En efecto, con ocasión de este proyecto de ley se ha desplegado una táctica política utilizada, principalmente, en materias que evidencian la persistencia de proyectos políticos alternativos en la sociedad con el objetivo de frenar o entorpecer su discusión legislativa. Por regla general, ha sido utilizada por aquel sector político que no cuenta con los votos suficientes para detener su tramitación democráticamente”.
“En ese contexto, argumentar desde la inconstitucionalidad permite cubrir con un manto de neutralidad técnica algo que no es más que una legítima diferencia política. Sin embargo, al desconocer el mecanismo vigente para resolver estas diferencias –la regla de mayoría–, se da un paso más en la crisis de legitimidad que aqueja al ordenamiento constitucional y al sistema de representación democrática, por lo que parece importante despejar la eventual inconstitucionalidad de esta discusión y aclarar su dimensión propiamente política”, continúa, para posteriormente entregar argumentos relativos al texto constitucional vigente y su artículo 65 incisos 3º y 4º (ver columna completa acá).
Al respecto, el académico agregó que “este tipo de discusiones nos obligan a reflexionar sobre los alcances de la justicia constitucional y de los espacios democráticos para la deliberación legislativa que se verifica en el Congreso Nacional. Desde este punto de vista, la llamada judicialización de la política -esto es, entregar a ciertos tribunales la decisión sobre cuestiones políticas complejas- es uno de los vicios del sistema democrático, que horada la legitimidad de los órganos involucrados, ya sea porque debilita al Congreso Nacional o porque politiza al Tribunal Constitucional. Ambos son efectos negativos de un mismo vicio: la debilidad del sistema democrático para solucionar sus diferencias políticas”.
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