La mesa de trabajo es encabezada por Daniela Marzi y en ella participa el Consultorio Jurídico de esa unidad académica.
Una red de organizaciones observadoras de Derechos Humanos -constituida desde el inicio del estado de excepción constitucional en Valparaíso- que llevó a cabo un trabajo de fiscalización en comisarías y en protestas en la ciudad, entregó un preinforme de la situación en la comuna a la misión de observadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El texto elaborado por el equipo de civiles aborda detenciones de manifestantes y heridos, así como daños al comercio y saqueos, ocurridos entre el 19 y 31 de octubre.
En la reunión además se les facilitaron a los comisionados discos duros con videos de cámaras de televigilancia que dan cuenta del accionar de las fuerzas policiales, tanto en la contención de las manifestaciones como durante los saqueos que se registraron en la comuna.
La coordinadora de la mesa que redactó el documento fue la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Daniela Marzi, quien explicó que “en el contexto de la visita de la ONU se logró que se incluyera a Valparaíso y pareció que era importante poder entregar un preinforme que recogiera la mayor cantidad de datos y pruebas de qué es lo que había ocurrido a partir de la declaración del estado de emergencia, porque no había cifras oficiales, y las que existían, por ejemplo las del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eran muy bajas y no estaban dando cuenta de lo que vivimos en la ciudad. Por eso es que también consideramos que es muy relevante que la Municipalidad de Valparaíso –que participó del informe- haya podido aportar a cada afirmación que nosotros hacemos: que eran protestas pacíficas en que había familias; imágenes que demuestran que estando la fuerza pública cerca, se estaba saqueando e incendiando sin que se hiciera nada; pruebas de que la represión a los manifestantes que estaban ejerciendo un derecho fundamental era brutal, mientras que se permitía que la ciudad se saqueara y se incendiara, lo que incluso fue reflejado en un mapa donde se demuestra que el radio de destrucción y de protesta que debían controlar las fuerzas de orden y seguridad es bastante estrecho, y que lo que se vivió a partir del estado de emergencia y del toque de queda fue un caos nunca antes visto en esta ciudad”.
Dentro de las organizaciones participantes se contó el equipo del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho UV. Al respecto, la profesora Daniela Marzi indicó que “en el preinforme se da cuenta de una situación que ha ocurrido en todo el país, que es que en las detenciones se producen ilegalidades y torturas, y en eso el Consultorio Jurídico nos aportó toda la información a partir de las querellas y amparos que ellos han interpuesto”.
La profesora de Derecho UV y coordinadora del Consultorio Jurídico, Inés Robles, aseguró que "tenemos alrededor de 45 casos, de los cuales el 80% va a ir a querellas, por lesiones y apremios ilegítimos que han sufrido personas que han estado en las manifestaciones y otras que han estado dirigiéndose a sus trabajos, esperando micro, yéndose a sus casas o cerca de sus hogares, en situaciones muy distintas cada una de ellas".
Daniela Marzi se refirió a parte del contenido del trabajo, indicando que “se constata, por ejemplo, que la mitad de los menores que fueron detenidos -niñas, niños y adolescentes- habían estado en el SENAME, y ese es un dato bien duro que fue entregado por Nicole Martínez, profesional de la Oficina de Protección de Derechos. Asimismo, se pudo acreditar que se obstruyó el ejercicio de la profesión de abogado, porque en reiteradas oportunidades no se entregaban informaciones de los detenidos ni se permitía entrevistarlos. Además, en entrevista con el jefe de Bomberos de Valparaíso, la institución cuestiona -desde un punto de vista técnico- que la mayor marcha que se produce un domingo, de Viña a Valparaíso, que era masiva y pacífica, fue brutalmente reprimida poniendo en grave peligro a los manifestantes, que quedaron encerrados en la pasarela del nudo Barón, lo que podría haber ocasionado una tragedia”.
“En definitiva, lo que se le planteó a los comisionados de la ONU es que Valparaíso fue una ciudad muy golpeada por el estado de excepción constitucional, en que se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas, pero asimismo se permitió que se produjera un nivel de destrucción en infraestructura que hace muy cuestionable el concepto de orden público que se maneja”, cerró.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se mostró conforme tras la reunión con la Comisión de la ONU, indicando que “son la clara prueba de que en nuestra ciudad se han violado de forma grave y reiterada los Derechos Humanos. El informe comprende una sucesión de hechos y antecedentes, y digo que es preliminar porque todavía existen muchos antecedentes e informaciones que debemos completar y además porque la vulneración de DDHH sigue produciéndose en Chile, y es cada vez más grave”.
La Mesa de Trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil, que elaboró este informe está compuesta por la Defensoría de Derechos Humanos de Valparaíso, la Red de Abogadas Observadoras de Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho UV, el Comité de Emergencia y Resguardo de la UPLA, además de abogados, estudiantes, observadores de Derechos Humanos y autoridades municipales.
