Especialistas coinciden: en Chile existe una cultura que valida la violencia como modelo de conducta
Coloquio organizado por la FACSO UV abordó el uso excesivo de la fuerza y la violación de los DD.HH. por parte las instituciones.

Sombrío fue el diagnóstico sobre la situación que enfrenta nuestro país en materia de respeto a las personas y los principios fundamentales de la convivencia democrática que formularon los especialistas que participaron en el coloquio “Derechos Humanos, intersecciones, dilemas y desafíos”, que organizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.

El encuentro -que tuvo lugar en el auditorio de la sede Hontaneda- fue concebido como un espacio destinado a promover la reflexión y fomentar el análisis respecto de la actual crisis que vive Chile como resultado del estallido social, y en el tomaron parte el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carlos Carroza; el abogado y académico Pietro Sferrazza; la poeta y trabajadora social Alejandra González; la coordinadora del Programa de Asuntos Indígenas de la comuna de San Antonio, Carolina Malgue, y la representante del pueblo mapuche Irma Huircán.

En la ocasión intervino el decano de dicho facultad, Juan Sandoval, quien en el discurso de inauguración que pronunció sostuvo que la sociedad chilena, en su conjunto, no ha sido capaz de establecer un canon ético-político que sea asumido a cabalidad por todos los actores, con miras a fortalecer la democracia.

Cambio valórico

El coloquio consideró dos mesas de conversación. La primera estuvo a cargo de la académica Daniela Jara, y en ella participaron como expositores el director regional del INDH, Carlos Carroza, y el abogado, académico y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos Pietro Sferrazza, quienes abordaron los problemas derivados del uso de la fuerza y las herramientas legales existentes para contener las protestas sociales.

Al respecto, el primero de ellos afirmó que en virtud de lo acontecido es imperioso que el Estado de Chile cumpla con las directrices internacionales vigentes en estas materias. Además, comentó que lo ocurrido fue un desenlace previsible, por cuanto las advertencias sobre los apremios cometidos contra personas por funcionarios de Carabineros, Gendarmería, el Sename, la PDI y de hospitales psiquiátricos, entre otras entidades públicas, se vienen registrando desde hace años.

Esto responde a un tema valórico, que está inserto en nuestra cultura, en la forma de una violencia permanente que es validada como modelo de conducta. Por eso, no basta con generar acciones de formación sino también de cambio en lo valórico a nivel de las instituciones, principalmente, pero también a nivel de la sociedad en general”, afirmó Carroza.

En tal sentido, el director regional del INDH reconoció que dicho instituto falló al no poder generar una alerta temprana de lo que estaba sucediendo y que finalmente se extremó a partir del 18 de octubre.

Su visión fue compartida por Sferrazza, quien vinculó ese modo de violencia institucionalizada con la, a su juicio, errada decisión del Gobierno de decretar el estado de excepción -toque de queda incluido- y el uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas policiales y militares en los dispositivos definidos para reprimir las protestas ciudadanas.

“A la luz de los análisis realizados por expertos constitucionalistas, queda claro que la aplicación de estas medidas fue inadecuada y no se ajustó a derecho. Si las normas existentes se hubieran aplicado bien, como curiosamente lo plantea la propia Constitución, los casos de abusos y violación a los derechos humanos probablemente habrían sido limitados y no masivos. Tal parece que no aprendimos de lo que pasó durante la dictadura. Efectivamente, nos falta implementar una cultura de la no violencia en Chile”, sentenció el académico y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos.

Mercado de la infancia

Tras la intervención de los anteriores panelistas le correspondió el turno a la poeta y trabajadora social Alejandra González; a la coordinadora del Programa de Asuntos Indígenas de la comuna de San Antonio, Carolina Malgue; y a la representante del pueblo mapuche Irma Huircán, quienes expusieron como parte de la mesa de conversación denominada “Aproximaciones interseccionales a la crisis en derechos humanos”, que moderó la profesora Ximena Faúndez.

González abordó el tema de la vulneración de derechos que han sufrido cientos de niños y adolescentes al interior de los centros de acogida del Sename, situación que calificó de “grave, transversal, sistemática y que está lejos de disminuir”.

“Esta realidad es fruto de un verdadero ‘mercado de la infancia’, que se instauró en 1979 y que al igual que el modelo de país que tenemos, se basa en prestaciones y no en derechos”, sentenció.

Lo expresado por la poeta y trabajadora social en lo relativo a la infancia fue extrapolado por Carolina Malgue e Irma Huircán a lo que sucede con los pueblos originarios, en particular al mapuche, cuyos derechos -enfatizaron- simplemente no son reconocidos por el estado y, por lo tanto, han sido víctimas de abusos, violaciones y represiones desde hace décadas.

Publicado lunes 23 de diciembre de 2019
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