A la ceremonia asistieron por la UV el vicerrector de Investigación e Innovación, Adrián Palacios, y la académica Sara Salum.
En la sala de sesiones del ex Congreso Nacional en Santiago, la Red de Universidades Unidas por la Infancia realizó la primera ceremonia de reconocimiento a instituciones y personas que destacaron por su aporte significativo a la promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes en el país durante el año 2019.
A la ceremonia asistieron por la Universidad de Valparaíso el vicerrector de Investigación e Innovación, Adrián Palacios, y la doctora Sara Salum, representante de la UV en esta agrupación y quien fue partícipe de la entrega de una de las distinciones al director ejecutivo de Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo.
El doctor Palacios explicó que “para nosotros es un gran honor ser parte de esta red y creo que a futuro nos vamos a involucrar cada día más, porque es uno de los temas más importantes hoy y hemos visto en el contexto de la crisis que los derechos de los niños son esenciales. Por eso estamos presentes y como universidad nos corresponde un rol muy relevante”.
Sobre cómo la academia puede contribuir a generar mejores políticas públicas en beneficio de la niñez y la adolescencia, el investigador detalló que “este desafío permea todos los niveles de la Universidad. Uno de ellos es la investigación, en la que pretendemos ser un aporte a través de escuelas como Psicología, Trabajo Social, Derecho, o el Instituto de Neurociencias”.
La Red de Universidades Unidas por la Infancia reúne, desde marzo pasado, a casas de estudios superiores públicas y privadas con el objetivo de colaborar con otras entidades en la promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, mediante investigaciones científicas, la docencia y la vinculación con el medio. Inició sus actividades con siete instituciones, entre ellas la UV, y actualmente está conformada por veinte universidades.
La doctora Sara Salum comentó que se trata de una “iniciativa completamente innovadora, en el sentido de instaurar como estrategia el trabajo colaborativo entre universidades del país, con la finalidad de crear sinergias para analizar en forma integral las diversas problemáticas que afectan a la infancia y que se traducen en la vulneración de derechos”.
Asimismo, según la académica e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UV, la colaboración entre universidades ha posibilitado “un trabajo sistemático de incidencia en la generación de nuevas políticas públicas y asesoría prestada al Poder Legislativo en materias de infancia”.
Los reconocimientos
En la ceremonia se entregaron reconocimientos (diplomas y un obsequio) a Fundación para la Confianza, organización sin fines de lucro fundada en 2010 por James Hamilton, Juan Carlos Cruz, Juan Pablo Hermosilla y José Andrés Murillo y cuya misión es combatir el abuso infantil y orientar a víctimas de esta grave vulneración; a la Red de Empresas Unidas por la Infancia (UPPI), alianza multisectorial sin fines de lucro que se constituyó en 2012 para fomentar el diálogo y discusión sobre la importancia de la infancia como etapa primordial en el desarrollo de las personas; a Andrea Hernández, creadora de Fundación las Parcelas, centro gratuito de acogida para niños y niñas de La Pintana, con el fin de protegerlos contra las drogas y la violencia; a Patricia Muñoz, abogada que encabeza la Defensoría de la Niñez, quien fue elegida en votación unánime por el Senado en abril de 2018 para difundir, promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes; a la Escuela Amaranta, iniciativa pionera que apunta a la educación de niños y niñas transgénero y otros grupos excluidos del sistema escolar tradicional, dependiente de la Fundación Selenna; y a la Corporación Cambiando Destinos, un proyecto de exresidentes de Fundación Mi Casa, que desde 2017 brinda apoyo y ayuda social a niños y jóvenes que están en instituciones de protección y resguardo de menores.
Reconocer derechos y capacidades
La actividad se inició con las palabras de Ximena Rincón, senadora que preside la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes; Paolo Mefalopulus, representante de UNICEF en Chile; Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe; y la doctora Mahia Saracostti, coordinadora general de la Red de Universidades Unidas por la Infancia.
Uno de los planteamientos que concitó bastante consenso es que el Estado chileno aún está en deuda con garantizar por ley derechos sociales básicos a niños, niñas y adolescentes en el país, no obstante que ya se cumplieron treinta años desde que suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La senadora Rincón indicó que esta situación jurídica no puede continuar y que como país tenemos “la obligación de que las necesidades y derechos de niños, niñas y adolescentes sean tomados en serio”.
Mefalopulus planteó que “los establecimientos escolares son espacios estratégicos para impulsar la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente”, así como también una “oportunidad inédita para su formación ciudadana” en aspectos como el pensamiento crítico, los valores democráticos y de derechos humanos.
Uribe destacó que “la educación es un bien común y un derecho humano fundamental” (…). En este marco, esta debe preparar a niños, niñas y jóvenes a ser protagonistas de los procesos que llevarán a profundizar la democracia y la cohesión social”.
Por su parte, Saracostti indicó que uno de los ejes centrales de la Red para el periodo 2019 y 2020 es la participación de la niñez y, al respecto, relató que existen interesantes experiencias internacionales en lo legislativo y cultural en ese sentido, tales como Noruega, Australia y Nueva Zelanda.
“Desde el gobierno se ha hablado de poner a los niños primeros en la fila. Esa promesa queda vacía si es que las reformas no recogen con un sentido de urgencia la profundidad del malestar social también desde la perspectiva de la niñez. Si el nuevo pacto social, que buscamos recoger en el proceso constituyente, se hace sin los niños y sin los jóvenes estará destinado al fracaso”, expresó Saracostti
Luego se llevó a cabo el conversatorio “Derecho a participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Desafíos en el contexto de la nueva Constitución”, en el cual expusieron el abogado Isaac Ravetllat, junto a los estudiantes secundarios Emilia Pérez, de OPD Romeral, e Isidora González y Pablo Villa, ambos integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, CONES.
Sobre este tema, hubo amplio acuerdo en que el proceso para generar una nueva Constitución debe incluir efectivamente -y no de manera decorativa- la participación y la opinión de este numeroso grupo de ciudadanos menores de 18 años (3,3 millones, según Mefalopulus), ya que sus derechos deberían reflejarse en esta discusión y en un nuevo pacto social.
“Estamos cansados de que no seamos escuchados. Tenemos capacidad de iniciativa y organización tremendas”, expresó Villa, agregando que los movimientos de estudiantes secundarios han demostrado tener una “opinión crítica” y ser “agentes de cambio”. González destacó que un proceso constituyente debería acoger sus “demandas históricas”, que siempre han buscado “lograr una educación mejor” y especialmente la pública.
Pérez relató que ella y sus compañeros han podido canalizar la participación a través de un consejo consultivo que le hace llegar sugerencias, en distintas áreas, a la máxima autoridad comunal en Talca.
Ravetllat puso de relieve que en Chile no solo se requieren “cambios normativos, sino también culturales”, ya que todavía predomina una mirada “adulto-centrista” (que también criticaron los estudiantes) que no reconoce la capacidad de los infantes y jóvenes de ser autónomos, tener sus propias opiniones y de tomar decisiones sobre problemáticas que los atañen directamente.
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