Señaló Sergio Garrido, del Serviu RM, en conversatorio de Administración Pública del Campus Santiago.
El nuevo enfoque del Estado para reducir el déficit habitacional, que hoy afecta a más de 250 mil familias en la Región Metropolitana, supone generar proyectos que tengan un alto estándar de arquitectura, urbanismo, conectividad y cercanos a servicios que entregen un mayor bienestar a las personas.
Así lo planteó Sergio Garrido, subdirector de Operaciones Habitacionales del Serviu Metropolitano, destacando que “la integración social es el concepto clave en la actual política pública de vivienda, en esfuerzos compartidos del Estado con familias de distinto poder adquisitivo”.
El arquitecto y máster en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Barcelona participó en el conversatorio “El futuro de la política pública de vivienda en el marco de la crisis sanitaria del covid-19", que organizó la Escuela de Administración Pública del Campus Santiago vía plataforma de videoconferencia.
Garrido afirmó que antes de octubre del año pasado “teníamos un déficit habitacional en la Región Metropolitana de cerca de 250 mil familias que estaban esperando viviendas”. Pero reconoció que esos números empeoraron debido a la crisis social y a la pandemia del covid-19.
Explicó que hoy el desafío es construir una sociedad con una menor “segregación, que es bastante evidente en la RM y en Chile”, recordando que durante las últimas décadas se llevó a cabo “una política en que la solución habitacional era construir un techo” sin considerar otros factores. Por eso, indicó, se construyó bastante en comunas periféricas, como San Bernardo, La Pintana, Lampa o Colina, que contaban con “suelos disponibles, grandes extensiones de terreno y valores accesibles (UF por metro cuadrado)”.
Actualmente, se busca avanzar hacia la integración social y esto implica densificar algunas comunas con alturas razonables y evitando “guetos verticales”. Planteó que el problema es que ciertos municipios han decidido limitar demasiado esta posibilidad, no obstante que se han beneficiado de importantes inversiones del Estado en infraestructura.
El desafío es dar a las personas un mayor bienestar con “la posibilidad de participar de proyectos que tengan un estándar muy bueno a nivel de arquitectura, de urbanismo y sobre todo de localización dentro de la ciudad, con buen transporte y servicios”. Lo anterior supone un “esfuerzo compartido entre el Estado -a través de subsidios- y las familias de distinto poder adquisitivo, que permita fomentar y alcanzar la heterogeneidad social”, dijo Garrido.
El académico y coordinador de Vinculación con el Medio de la carrera, Gonzalo Luna, quien moderó la conversación con el funcionario del Serviu, destacó que “las políticas públicas se deben adaptar al contexto y al entorno” y que la vivienda no es la excepción.
Adaptación a la pandemia
Desde que comenzó la pandemia del coronavirus covid-19 en Chile, explicó Garrido, el personal del Serviu “se adaptó bastante rápido”, trabajando de manera online o tomando todos los resguardos necesarios en caso de actividades presenciales, con el propósito “de no afectar la atención de postulaciones o dudas del público ni la construcción de proyectos sociales de viviendas, parques o mejoramiento de calles en la Región Metropolitana”.
El Serviu -agregó- se encarga del contacto con comités y personas que postulan a alguno de los distintos subsidios habitacionales que maneja como cartera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para compra de viviendas, arriendo, ampliación y mejoramiento de los espacios comunes.
Relacionados
