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Expertos y políticos reflexionaron sobre los derechos sociales en una nueva constitución

19 Octubre 2020

Actividad fue convocada por la UV en el marco de ciclo organizado por BCN, AUR y Academia Parlamentaria.

Expertos y políticos se dieron cita en la charla “Estado social y derechos sociales en una nueva constitución”, actividad convocada por la Universidad de Valparaíso -a través de la Escuela de Derecho- en el marco del ciclo "Diálogos regionales para el proceso constituyente", organizado en conjunto por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), las facultades de Derecho de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y la Academia Parlamentaria.

En la jornada participaron el profesor de la Escuela de Derecho Christian Viera, los diputados del distrito 7 de la Región de Valparaíso Camila Rojas y Andrés Celis, y el abogado y analista del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional Pedro Guerra. Moderó Carolina Salas, coordinadora del Área de Transparencia y Probidad de la BCN.

La actividad fue inaugurada con las palabras del rector (s) de la Universidad de Valparaíso, Christian Corvalán, quien destacó el vital desempeño de las universidades y sus escuelas de Derecho en la conexión con la ciudadanía en el proceso que actualmente vive Chile, señalando que el plebiscito del 25 de octubre “es un hecho histórico donde las universidades hemos sido parte fundamental del debate, especialmente desde octubre del año pasado, ya que diversos expertos de las universidades han estado explicando la importancia de la constitución en la vida de una sociedad”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la UV, Alberto Balbontín, expresó sus agradecimientos especiales “a los panelistas que han acogido la invitación para unirse a este diálogo, en una jornada que corresponde a un esfuerzo propositivo de lo que debiera ser parte del contenido de la nueva constitución, en el evento que obtenga mayoría la opción apruebo en el plebiscito nacional”.

Exposiciones

En primer lugar, Pedro Guerra presentó la ponencia “Aproximaciones político-económicas a los derechos sociales y el estado de bienestar”, insertando la conversación de los derechos sociales, vinculado a la configuración de los modelos de los “Estados de bienestar” a través del siglo XX en Europa. Explicó que los derechos sociales van en una línea de tercera generación, destacando que “tenemos en el siglo IX el auge de los derechos civiles -liberales-; en el siglo XX vemos el auge de los derechos políticos -participación-, y una tercera generación que tiene su consagración desde la mitad del siglo XX en adelante, que son los derechos sociales -estado de bienestar-”.

Posteriormente, Christian Viera expuso “Estado social como fórmula en la Constitución que queremos”, cuyo contenido se basa en sus libros presentados desde el 2015. El académico fue enfático en argumentar que “los derechos sociales no son meras prestaciones económicas, sino que apuntan a concretar el ideal de la ciudadanía, pero como una forma de membresía y pertenencia común o igualitaria. Para que esta pertenencia sea igualitaria y, por lo tanto, avance más allá de la pura pertenencia formal, los derechos sociales asumen la labor de contribuir a eliminar las brechas económicas y de convivencia social”.

Durante su presentación, el catedrático realizó una encuesta donde se preguntaba a los asistentes sobre qué tipo de estado tiene la República de Chile, y la audiencia contestó que hoy se percibía a nuestro país como un estado subsidiario, en el que los tipos de derechos que deberían establecerse en una Constitución son salud, educación y la igualdad, como un anhelo. Agregó además que para la salud de un estado democrático son también fundamentales la libertad de expresión y la libertad de consciencia, “un entramado de derechos civiles y políticos”, argumentó.

Detalló que “tradicionalmente se sostiene que los derechos sociales dependen de la capacidad económica del estado. Esto no es así, se trata más bien de una opción política, incluso en circunstancias de escasez”. Finalmente, habló el coeficiente Gini y los indicadores de desigualdad que arroja Chile respecto a otros países a los cuales nos queremos comparar, deduciendo que nuestro gasto social es bajo (10%, aproximadamente) y gran parte de este se encuentra cubierto por organismos privados -por ejemplo, familia o deuda-.

Apoyando esta conclusión, la diputada por Valparaíso Camila Rojas (Partido Comunes) comentó que los impedimentos que observa respecto a un estado social y de derechos sociales en la Constitución actual son la presencia de algunas contradicciones, por lo que “hacia dónde debería apuntar una nueva carta magna es a dar garantías de derechos sociales, especialmente en educación”.

Se refirió al estado subsidiario, indicando que en el artículo 1° inciso 3° de la Constitución, el estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza autonomía para cumplir sus propios fines específicos. “En definitiva, lo que dice ese artículo es que el estado no se opone necesariamente al mercado. De hecho, el estado chileno ha potenciado al mercado en un caso específico: el mercado educativo, donde los privados tienen preferencia para desarrollar actividades no exclusivas del estado y reciben apoyo estatal”.

En materia de salud y derechos sociales, el legislador Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, puntualizó que no es posible que “otro poder (el Judicial) tenga que suplir, a medias, una falencia que hoy tienen el poder Ejecutivo y Legislativo respecto a la protección de la salud”. Recalcó además que es muy interesante lo que señala la Constitución actual sobre derecho de salud y cómo los fallos de los tribunales han ido cambiando respecto a los recursos de protección que han interpuesto distintos padres en relación a los medicamentos que el estado no les provee a sus hijos frente a graves enfermedades.

“Para garantizar el que toda persona tenga acceso a un trato de salud igualitaria, que resguarde su integridad física y psíquica, la redacción de la nueva Constitución debe garantizar en su articulado el derecho a la vida y tener otro articulado donde se debe registrar el derecho a la salud plena e integral, sin dejar espacio a interpretaciones”, cerró.

Fuente: Academia Parlamentaria.