Seminario se enmarcó en el desarrollo del proyecto Fondecyt N° 1180197, dirigido por el profesor de Derecho UV Jaime Bassa.
Un extenso diálogo y reflexión en torno al reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes en Chile desarrollaron los especialistas participantes en el seminario internacional “Reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes en Chile. Desafíos y perspectivas para el derecho migratorio”, organizado en el marco del desarrollo del proyecto Fondecyt N° 1180197, dirigido por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa.
Expusieron Fernanda Torres, co-investigadora en CEPCV y GESDI- UB; Christian Viera, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso; Natalia Caicedo, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesora del departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la misma casa se estudios; y Luis Eduardo Thayer, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, integrante del centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez, y miembro del proyecto Anillo SOC180008. Moderó la jornada Jaime Bassa, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso.
Exposiciones
Fernanda Torres indicó que “el padrón publicado el 26 de agosto arrojó 14 millones 796 mil 197 personas habilitadas para sufragar, de las cuales 378 mil 829 corresponden a extranjeros habilitados. Esto nos hace replantearnos el concepto de ciudadanía. La Corte Suprema, revocando el fallo de primera instancia que rechaza la acción de protección, establece en su considerando 5° (…) ‘siendo un hecho indiscutido que la actora y su familia gozan de residencia permanente en nuestro país, contando incluso con el derecho a sufragio, herramienta palmaria de participación ciudadana, sólo cabe concluir que la recurrente es ciudadana aun cuando no tengan la nacionalidad chilena’. Es decir, se estaría creando y reconociendo a nivel jurisprudencial una nueva categoría de ciudadanía y esta justamente basada en un derecho político fundamental como es el ejercicio a sufragio. Quienes salgan electos constituyentes tienen la obligación y responsabilidad no solo de establecer y reconocer a los inmigrantes como sujetos titulares de derechos fundamentales en la nueva carta política, sino que también generar y crear los espacios necesarios de representación cívico–política buscando el mecanismo más eficiente para ello, de manera que puedan ingresar plenamente en la sociedad de destino y ser parte de este nuevo pacto social”, cerró.
Christian Viera explicó que “en Chile, el flujo migratorio aumenta significativamente desde la segunda década del siglo XXI. Como se advierte, entre 2014 y 2019 la población migrante se ha triplicado. La propuesta desde la interculturalidad intenta superar las deficiencias del multiculturalismo, respondiendo de mejor forma a la diversidad en los contextos sociales donde se produce la migración. Así, la interculturalidad no es sólo un modelo teórico o reflexión filosófica, sino una cualidad que emerge de una determinada praxis de vida concreta, en la que el trato diario con el otro afecta, recíprocamente, la vida cotidiana. El desafío de la interculturalidad es más intenso que el de la multiculturalidad. No sólo se detiene en la constatación de la diversidad y tolerar pacíficamente esa realidad, sino que supone una apertura para que las comunidades se dejen impactar y moldear de acuerdo con esas nuevas situaciones que nacen tras el hecho de la diversidad”.
Natalia Caicedo explicó que el derecho internacional ha tenido un papel clave en la esa inclusión de los derechos de las personas migrantes, “porque es de los ordenamientos que más se ha abierto a una interpretación pro-derechos, respecto a vincular el ejercicio del derecho al hecho de ser persona. Otro actor importante en el reconocimiento de los derechos sociales ha sido la jurisprudencia de los altos tribunales, porque han sido en muchas ocasiones la antesala a la apertura de reconocimiento de derechos”. Respecto a la legislación chilena, detalló que “el reto está en la materialización de los derechos sociales y en general en derechos de los inmigrantes, porque lamentablemente los retrocesos son muy fáciles. En este sentido, lo que yo veo de la legislación chilena es que más o menos sigue la línea general de las legislaciones migratorias latinoamericanas, no hay grandes avances, pero en este momento cuando entras y ves reformas migratorias, por lo menos no retroceder ya es un paso”, cerró.
Finalmente, Luis Eduardo Thayer se refirió a la irregularidad y condicionalidad como ejes de la política migratoria, explicando que “las decisiones que se toman están atravesadas por una tensión entre las condiciones de expulsión y las políticas de integración. Estamos viendo la reacción de los estados que tienden a restringir los accesos; y sobre las políticas de integración, uno puede identificar medidas que tienden a prolongar la temporalidad. Esta tensión entre condiciones estructurales y sociales que incentivan los flujos migratorios choca con estas políticas de los estados que, de alguna manera, reman a contracorriente de este proceso. Hay un punto que marca los procesos migratorios contemporáneos con mucha más fuerza de lo que ha sido hasta hoy: la migración irregular como patrón”.
Al final de la actividad, Jaime Bassa indicó que “el tema migratorio es un reflejo de las precariedades que administran los gobiernos, particularmente en contextos tan neoliberales como es el caso chileno. Hablar de derechos sociales respecto de la población migrante en un contexto en el cual estos no están satisfechos plenamente para la población local implica un desafío mayúsculo, precisamente porque pone de manifiesto la precariedad del modelo de desarrollo económico chileno, y concuerdo con lo dicho respecto a que hoy la política migratoria tiene por finalidad principalmente cerrar las fronteras más que administrar el flujo migratorio”.
Relacionados
