El académico fue entrevistado por El Mercurio de Valparaíso acerca de su libro “Chile decide. Por una nueva Constitución” y la evaluación que hace respecto al proceso constituyente.
En el contexto de la publicación de su reciente libro “Chile decide. Por una nueva Constitución” y la postergación del plebiscito por la pandemia del COVID-19, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa fue entrevistado por El Mercurio de Valparaíso.
El docente hizo referencia a la razón por la cual decidió escribir la obra, indicando que “Chile enfrenta un proceso constituyente verdaderamente histórico, en que el pueblo se ha convocado para definir las bases fundamentales de su convivencia democrática como una forma de enfrentar y superar el malestar social que se ha acumulado a lo largo de las últimas décadas. En ese contexto, el conocimiento que se construye desde las universidades tiene que estar al servicio de la sociedad y de sus necesidades, por lo que me pareció que la envergadura del desafío político que enfrenta el país justificaba el trabajo de socializar ciertos aspectos de lo constitucional para que pudieran estar a disposición de la reflexión que se viene”.
Consultado por la posibilidad de que sin el estallido hubiese habido o no cambio constitucional, aseguró que “con toda seguridad sí. El problema de legitimidad del orden constitucional vigente se viene arrastrando hace muchos años y ha contribuido a generar mucho malestar en la población. Probablemente sin el estallido de octubre esto hubiese demorado un poco más, pero las condiciones bajo las cuales se ejercen derechos tan importantes para nuestras vidas como salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad social son tan precarias, que era cuestión de tiempo que la sociedad se rebelara contra ellas y demandara una nueva forma de organización política de la sociedad”.
Proceso constituyente
Respecto a la pregunta sobre si la regla de los dos tercios beneficia a la oposición o al oficialismo, el docente detalló que “se han equivocado quienes se apresuraron en sacar cuentas interesadas en relación a la conveniencia de los dos tercios como requisito para las decisiones de la Constituyente, pues difícilmente las condiciones de representación política en la Constituyente serán equivalentes a las del Congreso Nacional, dado el grado de participación y deliberación ciudadana que hemos visto desde octubre”. Añadió que los dos tercios generarán condiciones para una deliberación constituyente distinta a la legislativa, dado que al no existir una regla constitucional que rija en caso de no llegar a acuerdo, no habrá un sector político favorecido o perjudicado por un eventual poder de veto. “Así todos los sectores representados en la Constituyente deberán hacer el máximo esfuerzo por encontrar contenidos constitucionales compartidos, que nos permitan tener reglas constitucionales comunes, no excluyentes como las actuales”, puntualizó.
Ante la interrogante respecto a por qué a parte de Chile Vamos le comenzó a molestar la página en blanco, y si es que esto Implica que quedarían cosas significativas fuera, como señala la derecha, el profesor Bassa fue enfático: “Creo que algunos sectores políticos y sociales no entendieron las implicancias de redactar una nueva constitución. Quizá se quedaron pegados en las lógicas propias de la discusión de una ley de reforma constitucional, en la que se mantiene la norma vigente si no se alcanzan los quórums exigidos. Diría que es un temor infundado a que cosas significativas queden fuera de la constitución, pues debiéramos plantear el asunto al revés: alcanzarán rango constitucional todas aquellas materias que sean suficientemente compartidas como para contar con un amplio apoyo político. El resultado, probablemente, será una constitución no militante, que no refleje un proyecto político excluyente, sino una que, a diferencia de la actual, sea lo suficientemente abierta y garantista para permitir que cualquier proyecto político pueda desarrollarse en iguales condiciones de libertad. El resto de los asuntos quedarán entregados a la deliberación política regular, en el Congreso, que es como funcionan los sistemas democráticos que reconocen la diversidad constitutiva de las sociedades contemporáneas”, señaló.
Explicó que la vía reformista ha fracasado en las últimas décadas, dada la crisis de legitimidad de las instituciones representativas y porque el orden constitucional actual restringe las posibilidades para que el Congreso tome una decisión propiamente constituyente. “El margen que esta constitución contempla para la representación política es demasiado estrecho, lo que impide que las voluntades políticas que surgen de la base social sean debidamente representadas en el espacio institucional. El principal cambio está en el actor político que hoy está llamado a decidir: el pueblo”, puntualizó.
Consultado sobre su inclinación hacia la Convención Constitucional, explicó que ésta “contempla las mejores condiciones para la representación de la voluntad soberana en clave constituyente. Primero, porque será efectivamente paritaria y estará íntegramente compuesta por personas elegidas por sufragio universal y no por parlamentarios en ejercicio. La Mixta no será paritaria y un 50% de ella serán parlamentarios en ejercicio activo, lo que dificulta la representación de la voluntad popular constituyente y amenaza con perjudicar el trabajo legislativo, ya que los parlamentarios no serán remplazados en sus cargos y no podrán ejercer ambas funciones simultáneamente”.
Sobre la postergación del plebiscito nacional y el posible peligro respecto a sectores que lo acusaron de costoso, explicó que es una postergación sensata, puesto que la pandemia debe enfrentarse con madurez y responsabilidad. “Ahora, intentar obtener provecho político de la crisis sanitaria para pretender la suspensión indefinida del proceso constituyente, me parece una bajeza. Por otro lado, el argumento de los costos económicos de la institucionalidad democrática surge en momentos de mayor tensión política. La democracia es cara, por cierto. Así como lo son todos nuestros derechos. Pero una democracia de mínima densidad, “barata”, así como derechos de escaso desarrollo y garantía, supone costos todavía mayores, no solo económicos, sino que también sociales, los que no se distribuirían equitativamente en la sociedad, sino que serían absorbidos por los sectores más desfavorecidos, como ocurre con la precarización del sistema de salud pública. El plebiscito no está en peligro por la pandemia, pues hay un país movilizado que demanda su realización”.
Chilenos y plebiscito nacional
¿A los chilenos les falta cultura constitucional y educación cívica? El profesor Bassa explicó que en parte sí y en parte no. “Es evidente que la educación cívica es una de las grandes deudas del sistema escolar y de nuestra convivencia democrática, pues ésta no consiste solo en conocer ciertas instituciones o definiciones básicas, sino que implica participar políticamente en las comunidades a las que pertenecemos. El reconocimiento de los valores democráticos no es algo que se enseñe en una sala de clases, sino que se aprende desde el ejercicio mismo. Desde esta perspectiva, creo que la ciudadanía tiene bastante experiencia en lo que implica el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. No es necesario ser experto o experta en materias constitucionales para comprender las condiciones bajo las cuales ejercemos, por ejemplo, el derecho a la salud y si dichas condiciones nos garantizan libertad e igualdad, o bien, dominación y desigualdad”.
Finalmente, indicó que “cuando esta crisis sanitaria termine, Chile será diferente, sin duda. Creo que saldremos más fortalecidos, más conscientes de nuestros derechos y de cuán importantes somos las personas normales, las de a pie, para el funcionamiento de la economía y del sistema político. Con nosotras y nosotros en nuestras casas, nada de esto funciona. Quizá esta crisis nos sirva para tomar mayor consciencia todavía de que nuestra presencia y participación es clave para el desarrollo de la sociedad, lo que bien podría traducirse en una mayor participación electoral de aquí en adelante, no solo para el plebiscito de octubre, sino que para las sucesivas elecciones que vienen a futuro. La demanda por participación surge de un lugar muy profundo en nuestra sociedad, donde la consciencia de nuestros derechos se funde con el malestar de la vida cotidiana. Diría que las personas ya no quieren esperar a que alguien solucione nuestros problemas, pues esta vez reclaman ejercer su derecho a decidir”.
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