Durante su exposición, la doctora en Sociología y directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (Crispol) analizó el contexto global y la situación que exhibe Chile en este ámbito.
¿La emergencia de una nueva derecha gobernante en Chile constituye la expresión local de una tendencia global, habitualmente interpretada bajo la noción de ultraderecha, o responde más bien a la configuración de una forma específica, dotada de rasgos propios? ¿Estamos quizás ante una articulación compleja entre ambas dimensiones?
Estas preguntas fueron el eje de la conferencia “Democracia y nuevas derechas en el espejo global” con que la doctora en Sociología Stéphanie Alenda, directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (Crispol), inauguró el año académico 2026 de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Valparaíso.
La destacada académica e investigadora expuso sus puntos de vista en esta materia durante una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio de la sede Hontaneda de ese plantel, la cual fue encabezada por el decano Gonzalo Lira, quien en la ocasión estuvo acompañado por los directores de las escuelas de Psicología, Carlos Varas; de Sociología, Daniela Jara, y de Trabajo Social, Mauricio Ureta, entre otras autoridades.
Su presentación fue valorada ampliamente por el centenar de estudiantes, docentes y profesionales que asistieron a la actividad, que la propia expositora definió como una invitación a pensar sobre las transformaciones contemporáneas del poder, quiénes lo detentan, cómo se ejerce y qué condiciones permiten a determinados actores políticos alcanzar legitimidad social y política.
En ese misma línea, el decano de la Facso UV agradeció a la doctora Alenda su disposición a conversar y debatir sobre un fenómeno que no solo ocupa un lugar central en el debate público contemporáneo, sino que también se revela particularmente productivo para la reflexión en las ciencias sociales. “En efecto, nos enfrenta a una cuestión fundamental: la manera en que construimos los conceptos, las categorías y los lenguajes a través de los cuales nombramos —y, en cierta medida, producimos— la realidad política”, dijo Lira.
Categorías controvertidas
Stéphanie Alenda inició su conferencia a partir de una reflexión situada en la contingencia chilena, apoyándose en los planteamientos del texto “Qué (no) es la ultraderecha”, del investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) Pablo Valderrama.
Con base en esa publicación, la socióloga aseveró que la noción de ultraderecha presenta límites en su utilidad analítica, en la medida en que su amplitud tiende a englobar casos profundamente heterogéneos que a la hora de ser aplicados no necesariamente calzan.
Asimismo, y más allá de la adhesión o no a esta tesis, planteó que en el debate público contemporáneo la categoría de ultraderecha es intrínsecamente controvertida, porque en contextos de alta polarización ha adquirido una fuerte carga normativa, es decir, no solo describe la realidad, sino que también la evalúa, la alerta e incluso orienta a la acción.
“En otras palabras, no se trata de una categoría neutra y por eso, en este punto, conviene introducir una primera precisión. Lo que entendemos por ultraderecha varía en función de las culturas políticas. Es decir, que en un momento determinado remite a lo que una sociedad está dispuesta a aceptar o incluso a considerar como legítimo dentro del campo político. Pensemos, por ejemplo, en los discursos de odio o en el negacionismo: dependiendo del país, estos van a ser más o menos sancionados, van a ser más o menos considerados como ultra. En los países europeos estos discursos suelen ser sancionados, pero son más tolerados en Estados Unidos bajo el principio de libertad de expresión. Entonces, ‘lo ultra’ dependerá mucho del contexto donde uno observa ciertos fenómenos, que son fenómenos sin lugar a dudas radicales”, argumentó.
No obstante, Stéphanie Alenda precisó que en este punto no solo hay diferencias contextuales. En su opinión también interviene la posición política desde la cual se enuncia la categoría. Para precisar, recordó los dichos de la exdiputada Camila Vallejo en 2018, cuando declaró que a partir del 11 de marzo de ese año iba a asentarse en La Moneda un gobierno de ultraderecha, refiriéndose al segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.
“Tal afirmación hoy no tiene mayor sentido, ¿verdad? Esta controversia puntual nos devuelve a la cuestión de fondo para las ciencias sociales. ¿Estamos ante una categoría con un verdadero sentido analítico?”, apuntó.
Para la investigadora del Núcleo Milenio Crispol, algo similar ocurre con la noción de radicalidad, que —para el caso— en términos generales, permite distinguir entre una posición conservadora moderada y una más tajante, pero que de igual modo varía si se la asocia a los consensos vigentes o a estándares normativos más exigentes.
“En el fondo, y aquí está el problema, cuando una categoría o noción se vuelve demasiado elástica, corre el riesgo de perder su capacidad explicativa”, comentó.
Una gran familia
Buscando dotar de mayor precisión a los conceptos de derecha radical o ultraderecha, Stéphanie Alenda también presentó y desmenuzó los principales aportes de la literatura especializada a estas clasificaciones, las cuales —dijo— suelen apoyarse en una combinación de factores relativamente bien establecidos.
Entre ellos mencionó, por un lado, elementos ideológicos como el nativismo, el autoritarismo o el antiliberalismo y, por otro, dimensiones programáticas vinculadas a materias como la migración, las minorías o el orden público y la relación con la democracia liberal, ya sea en términos de aceptación, tensión o abierta erosión.
“Si tuviera que jerarquizar estos criterios, sostendría que es precisamente esta última dimensión, vale decir, la relación con la dimensión liberal, que es la más convincente, la que ofrece un punto de apoyo más sólido para establecer los umbrales analíticos que el propio debate de ideas demanda”, sostuvo.
Apelando a las definiciones propuestas por los politólogos y cientistas sociales Thomas Kestler, Juan José Linz, Cas Mudde y Cristóbal Rovira, principalmente, la académica enfatizó que en este marco, y a modo general, la literatura distingue entre la derecha convencional, que es leal a las reglas del juego democrático, y una derecha radical, cuya relación con esas reglas resulta más ambigua o problemática.
En este plano, Stéphanie Alenda expuso que dicha clasificación va desde aquellas derechas que adhieren sin ambigüedades al orden democrático hasta las que no rechazan frontalmente la democracia, pero tampoco la defienden de manera consistente. Vale decir, a actores que en determinados contextos pueden tolerar o incluso justificar prácticas antidemocráticas.
Aparecen así definiciones como la derecha radical o la derecha radical populista, que es otra forma de referir a la derecha iliberal; una que va en contra o erosiona los principios de la democracia liberal, pero que no es antidemocrática en términos puros, ya que la derecha antidemocrática sería calificada de extrema.
“Entonces tenemos a las ultraderechas como una gran familia conformada por derechas radicales y extremas derechas. Este concepto de derecha radical refiere a proyectos políticos que, sin eliminar la competencia electoral, tienden a debilitar los contrapesos institucionales, restringir la protección de derechos individuales o subordinar las garantías liberales a la voluntad mayoritaria. En contraste con esta derecha radical iliberal, la extrema derecha, dentro de esta tipología, aludiría a los actores más claramente desleales, antidemocráticos, desleales al orden democrático”, reflexionó.
Aun cuando este enfoque aporta más claridad al fenómeno de estudio, Stéphanie Alenda observó que ese marco teórico fue producido en lo básico para pensar los casos europeos, por lo que al ser importado y aplicado a Latinoamérica, deriva en aciertos y desaciertos.
Para la socióloga, esta fórmula ha sido productiva en tanto ha permitido estructurar el análisis en torno a dimensiones como el nativismo, el autoritarismo o el populismo, pero su utilización ha evidenciado importantes especificidades nacionales que dificultan una traslación mecánica de estas categorías.
“Esta ambigüedad se hace evidente al analizar ciertas posiciones programáticas. Vale decir, estas categorías fijas tienen ahí un tema complejo, porque uno podría preguntarse, ¿es necesariamente iliberal una política migratoria restrictiva? Bueno, en ese caso los gobiernos daneses socialdemócratas serían iliberales. No sé si sirve entonces esa categoría. A la vez, ¿implica autoritarismo priorizar la seguridad pública? Acá una de las nociones claves para definir el radicalismo, o mejor dicho, la derecha radical, es el autoritarismo. Por ejemplo, ¿debe considerarse radical o nativista la oposición a la plurinacionalidad en el proceso constituyente chileno? ¿Los que se opusieron a la plurinacionalidad eran radicales o eran nativistas? Pregunta interesante también”, asumió.
Umbrales
La investigadora manifestó que interrogantes como las formuladas muestran, una vez más, las limitaciones de una clasificación puramente tipológica y estática, si bien precisó que reconocer estas dificultades no implica asumir de facto un discurso relativista ni renunciar a la posibilidad de establecer criterios analíticos más precisos. Por el contrario, cree posible y necesario identificar ciertos umbrales —en las dimensiones de derechos, democracia, poder y economía— que permitan delimitar con mayor claridad lo que se debe entender por una posición más radical en las derechas.
Ninguno de ellos, aclaró, radica ni en el conservadurismo valórico ni en la opción de querer reducir o fortalecer el control estatal ni en el afán por promover ciertas propuestas orientadas a reforzar la seguridad interna, entre otras.
El primer umbral que identificó es el de la afectación de los derechos adquiridos o de la igualdad ante la ley; el segundo, la tendencia a absolutizar la voluntad mayoritaria, apelando al sentido común, como fuente exclusiva de legitimidad; el tercero, el rompimiento de los equilibrios institucionales propios del estado de derecho, junto con la expansión desproporcionada de las facultades coercitivas del Estado; el cuarto, la aplicación de políticas articuladas en clave cultural o civilizatoria que desplazan el marco jurídico existente hacia una lógica de exclusión identitaria, y el quinto, la instauración de un sistema destinado a convertir al mercado en el principio organizador total de la vida social.
“En síntesis, una posición no es radical por sí sola. Lo es cuando en su contenido o en sus efectos entra en tensión con principios básicos de la democracia liberal como los derechos, la igualdad ante la ley o los límites al poder. Es ahí donde, a mi juicio, se sitúan los verdaderos umbrales. Reconocer estos umbrales permite evitar tanto el relativismo como el uso puramente retórico de las categorías, aun cuando estos criterios pueden resultar igual de insuficientes si no incorporamos una dimensión menos estática sobre la noción de radicalismo”, aseguró Stéphanie Alenda.
Fenómeno relacional y dinámico
Por lo anterior, y en consonancia con una investigación que ella misma se encuentra realizando en el Núcleo Milenio Crispol, la socióloga propuso, además, analizar el radicalismo así entendido más como una conceptualización que emerge en contextos específicos y que depende de múltiples dimensiones y menos como una propiedad fija o exclusivamente ideológica.
Por ello, propuso pensar el radicalismo como un fenómeno situado, relacional, dinámico y estratégico, además de profundamente condicionado por situaciones de crisis.
“La idea es poder incorporar estas dimensiones para ver cómo esto se va construyendo, cómo se va moviendo, cómo responde a estrategias, porque lo que cuenta como radical no es absoluto, sino que depende de los marcos políticos y de los consensos vigentes de cada sociedad. Porque si uno compara todos los casos de líderes clasificados como de derecha radical en Europa, pero también en América, vemos que hay ese elemento de crisis. Y la crisis es de la democracia, pero puede ser crisis económica en otros contextos, crisis institucional por desconfianza hacia las instituciones, debilitamiento de los partidos políticos o persistencia de problemas como la desigualdad y la corrupción. En conjunto, esos factores erosionan la legitimidad democrática y abren espacio para la emergencia de este tipo de liderazgos que van a prometer orden, eficacia o renovación dentro de un escenario que es presentado como disfuncional.
En consecuencia, para Alenda lo que distingue esas derechas es, ante todo, cómo responden a la crisis: si la utilizan para tensionar los principios de la democracia liberal, concentrar el poder o redefinir los límites de los derechos.
En Chile: neogremialismo
Stéphanie Alenda cerró su presentación con una argumentación sobre la categoría que considera más adecuada de aplicar a la derecha en Chile, en particular al sector gobernante que hoy lidera el Presidente José Antonio Kast, del Partido Republicano, que en términos específicos definió como neogremialista.
Su corriente la asoció al pensamiento de Jaime Guzmán, y como tal la estructuró en torno al principio de subsidiariedad: la idea de que el Estado debe limitar su acción a aquellas esferas donde la sociedad civil no logra responder adecuadamente.
También, afirmó observar en ella un énfasis consistente en la reducción del rol de ese tipo de Estado, en la promoción de la responsabilidad individual, en la centralidad del orden público, como condición de posibilidad del desarrollo. A ello se suma una valoración explícita de la autoridad y de la estabilidad institucional, rasgos que han sido históricamente constitutivos del pensamiento gremialista.
“Ahora, no estamos frente a una reproducción mecánica del neoliberalismo clásico. Más bien, lo que vemos es una adaptación de ese marco doctrinario a las condiciones del siglo XXI. Kast incorpora elementos propios de la nueva derecha global, particularmente en ámbitos como seguridad, migración y conflicto cultural, adoptando, además, un tono más de confrontación en el plano discursivo. Entonces, podríamos decir que este gobierno actualiza el neogremialismo, mantiene su núcleo, subsidiariedad primacial, asociación civil, etcétera, pero lo reconfigura en diálogo con esas nuevas demandas y con un entorno político más polarizado.
Y en cuanto a su relación con el liberalismo democrático, Stéphanie Alenda concluye que de acuerdo con los criterios clásicos de deriva autoritaria propuestos por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (en su libro “Cómo mueren las democracias”), la derecha del presidente Kast, el actual gobierno, no rechaza las reglas del juego democrático, no desconoce la legitimidad de sus adversarios ni promueve la violencia política.
Sin embargo, reparó en el hecho de que la reivindicación parcial del régimen pinochetista introduce una tensión simbólica con los consensos democráticos, a lo que se suman algunas controversias en materia de derechos humanos, especialmente en el ámbito de las políticas de memoria, la suspensión de la expropiación de Colonia Dignidad o los cuestionamientos al Museo de la Memoria, si bien por ahora se mantienen más como señales discursivas en favor de su electorado. Y en el plano internacional, el hecho de que se reúna con líderes como Víctor Orbán, Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro, asociados a formas de democracia con menor énfasis en los contrapesos liberales, no representa a su juicio una desviación iliberal, sino más bien un indicador estratégico, que es claramente insuficiente como criterio de clasificación o definitorio de derecha iliberal, pues en la política internacional muchas veces es necesario participar en redes que son heterogéneas.
“Como hemos argumentado, el radicalismo no es una esencia fija, sino una cualidad situada, relacional y dinámica que depende tanto de los umbrales de la democracia liberal como de los contextos en los que estos se redefinen. Y esto se aplica a nuestra realidad también”, finalizó.
Nota: Gonzalo Battocchio / Fotos: Denis Isla
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