Autoridad académica solicitó al Congreso dar urgencia al proyecto de Ley que responsabiliza y sanciona a las empresas de transportes que no controlen semestralmente a sus conductores.
Luego de una solicitud formal realizada por la Universidad de Valparaíso, la Delegación Presidencial de la comuna concretó un encuentro intersectorial para abordar la situación del transporte público, específicamente en las zonas transitadas por estudiantes del Gran Valparaíso, que han estado en el ojo crítico de la comunidad.
Esto a propósito del brutal atropello que sufrió la estudiante de Nutrición de la UV, Paloma Ulloa, quien perdió la vida tras una falta grave de tránsito de un conductor de bus, el que más tarde dio positivo al test de drogas.
En la mesa de trabajo realizada este martes 16 en la Intendencia Regional, además del rector de la UV Osvaldo Corrales, expusieron el delegado presidencial Yanino Riquelme, el seremi de Transporte y Telecomunicaciones Jean Pierre Ugarte y la seremi de Seguridad Alejandra Romero, y Carlos Colihuechún, director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), entre otros.
“No han sido hechos aislados, la fatalidad que nos tocó como UV la vivió también la UPLA; por tanto, necesitamos un cambio en la legislación que permita fiscalizar a los conductores para contar con medidas más eficientes”, manifestó el rector Corrales, quien marcó: “Mientras siga la conducción bajo los efectos de las drogas, las medidas de mitigación no van a ser efectivas”.
El delegado presidencial, Yanino Riquelme, informó que se ha estado revisando las medidas tomadas en el sector de Gran Bretaña, en Playa Ancha. “Estamos viendo otras coordinaciones para fiscalización en distintos puntos e insistir a los empresarios para los controles de la salida de conductores, porque la seremi solo puede regular durante la circulación de los buses”, sostuvo.
En tanto, el seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, expresó que “hay problemas de infraestructura y laborales, porque tenemos que ponerle nombre real, y es que es un delito, y los procesos licitatorios modernizan y regulan el transporte público. En eso hemos estado trabajando, como en la fijación de sueldos fijos que terminen con la problemática del collereo”.
Nota: Daniela Astudillo / Fotos: Denis Isla
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