La actividad abordó los aspectos clave de la reciente sentencia respecto del régimen de invariabilidad tributaria y los contratos ley.
Con un amplio marco de público se llevó a cabo la charla titulada "La estabilidad regulatoria ante el Tribunal Constitucional", dictada por Guillermo Jiménez, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de la Asociación de Derecho Administrativo y editor general de Latin American legal Studies.
La actividad fue organizada y presentada por el profesor Carlos Dorn, del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Valparaíso, quien destacó la relevancia de discutir una de las sentencias más extensas e impactantes emitidas por el Tribunal Constitucional en el último tiempo, referente al proyecto de ley de fomento a la inversión y reconstrucción.
El núcleo del debate: Invariabilidad tributaria y contratos ley
El profesor Guillermo Jiménez centró su exposición en el análisis del régimen de invariabilidad tributaria y la facultad del Ejecutivo para celebrar contratos ley con inversionistas privados por plazos de hasta diez, quince y veinte años —dependiendo de la magnitud del capital invertido—, los cuales pueden llegar a coberturas efectivas de hasta treinta años al contabilizar el período de internación de capitales.
El académico explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional se resolvió en una estrecha votación de empate cinco a cinco, definida mediante el voto dirimente de la presidenta del organismo, María Pía Silva. Al respecto, detalló cómo la posición mayoritaria validó la constitucionalidad del núcleo del mecanismo basándose en las facultades de fomento del Estado (artículo 19 N° 22 de la Constitución), sosteniendo que la garantía de estabilidad emana del contrato y no de la ley, por lo que no se vulnera la potestad legislativa futura.
Sin embargo, el expositor también profundizó en los diversos votos de minoría, los cuales argumentaron que la medida petrifica la potestad tributaria, invierte la jerarquía de fuentes al congelar las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y genera una discriminación arbitraria al otorgar un trato tributario preferente fundado únicamente en el tamaño de la inversión y no en sectores o zonas geográficas específicas.
Desafíos para el legislador y la certidumbre jurídica
En las conclusiones de su exposición, el académico invitado reflexionó sobre la dispersión de criterios al interior del Tribunal Constitucional, señalando que la falta de una mayoría holgada impide entregar orientaciones normativas claras para el debate político y democrático futuro. Asimismo, advirtió que la sentencia no clarificó con certeza si un legislador futuro podría o no modificar estos contratos ley, lo que anticipa un escenario de alta conflictividad jurídica.
Por su parte, el profesor Carlos Dorn aportó a la discusión analizando los riesgos del "doble blindaje" para el Estado al proyectar esta normativa junto con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC), así como el impacto del congelamiento en las potestades regulatorias de las agencias públicas.
La jornada concluyó con una nutrida ronda de preguntas por parte de académicos y estudiantes presentes, donde se abordaron temas como los estándares de protección ambiental ratificados por el Tribunal Constitucional —con especial énfasis en la incorporación del Acuerdo de Escazú al bloque de constitucionalidad— y el análisis de proporcionalidad de los beneficios fiscales.
Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla
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