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La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho de la UV y la Defensoría Regional Valparaíso.

Profundas reflexiones a partir de sus investigaciones y análisis plantearon especialistas en sus exposiciones efectuadas en el marco del XVII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal "Crimen organizado en Chile: aproximación desde la política criminal y la criminología", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y la Defensoría Regional.

En la actividad académica expusieron Carla Sepúlveda, profesora e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez; José Luis Guzmán, profesor de la Universidad de Valparaíso, y Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Moderó el panel Fernando Alliende, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso.

El evento fue inaugurado por el decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Saavedra, y el defensor regional de Valparaíso, Sebastián Salinero. Participaron además la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich; la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez; la secretaria de Facultad de Derecho, Marcela Aedo, y la directora de la Escuela de Derecho de la UV, Inés Robles.

En sus palabras de bienvenida, el decano Ricardo Saavedra señaló que “una de las funciones de la universidad es pensar la contingencia, someterla a escrutinio y analizarla en sus pormenores. Qué duda cabe que, desde un tiempo a esta parte, el crimen organizado se ha tomado la pauta noticiosa”.

“Delitos infrecuentes en nuestro país se han naturalizado, lo que ha traído consecuencias en los valores de orden y seguridad que toda sociedad necesita mínimamente para funcionar. Por lo tanto, valoramos aún más esta instancia de reflexión y diálogo en torno a este fenómeno”, añadió.

Por su parte, el defensor regional Sebastián Salinero sostuvo que “el crimen organizado se caracteriza principalmente por su estructura (organización) y la permanencia en el tiempo en el propósito delictivo. Sin embargo, existe una discrepancia en el instrumento internacional y el nacional respecto al componente utilitarista que exige el primero. Esto es, la necesidad de que la organización tenga una finalidad económica o material en general”.

“Dicho elemento de lucro permite diferenciar la organización criminal de los grupos o asociaciones terroristas, pandillas juveniles, entre otras, que son organizaciones que obedecen a fines distintos (insurrección o defensa de ciertas ideologías y/o valoraciones contraculturales)”, cerró.

El panel de especialistas del del XVII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal estuvo compuesto por Carla Sepúlveda, profesora e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez; José Luis Guzmán, profesor de la Universidad de Valparaíso, y Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Primeramente, Carla Sepúlveda abordó en su exposición datos y realidades de contexto, como criminalidad, investigación en curso y sistema de justicia penal. Por su parte, José Luis Guzmán planteó que el crimen es un problema social, individual, jurídico político que admite distintos enfoques y tratamientos. Finalmente, Claudio González formuló la interrogante relativa a la posibilidad de que el crimen organizado sea algo natural, social o una construcción política.

El registro audiovisual del XVII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal se puede revisar acá: https://cutt.ly/bePO8Kra.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla

El invitado especial de esta versión fue Salo de Calvalho, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

Bajo la temática "Estado actual de la conmensuración de la pena en el Derecho Penal chileno", se llevó a cabo con éxito el Decimotercer Seminario Conjunto de Derecho Penal, organizado por las Escuelas de Derecho de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la UV.

El evento se desarrolló en dos jornadas en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y estuvo encabezado por el presidente del Departamento de Ciencias Penales de la UV, José Luis Guzmán, y el jefe del Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal penal de la PUCV, Guillermo Oliver, ambas unidades organizadoras del seminario. Además, asistieron académicos y estudiantes de ambas universidades, profesores y profesoras, e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida de la actividad fueron entregadas por el profesor José Luis Guzmán, subdirector del CIFDE UV, quien agradeció y valoró la instancia anual de colaboración académica conjunta, además de presentar al invitado especial de esta versión del evento, Salo de Calvalho, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

Conferencias y exposiciones

La conferencia inaugural del Decimotercer Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV fue dictada por el invitado Salo de Calvalho, y versó sobre el tema “Desafíos actuales de la aplicación de la pena: el caso brasileño”.

Posteriormente se dio inicio a la primera mesa de exposiciones, en la cual participaron la profesora de la UV y UNAB Rocío Sánchez, quien presentó la ponencia “El artículo 69 del Código penal y su reforma a la luz de consideraciones victimológicas”; el académico de la PUCV Gonzalo Agliati, quien hizo referencia a la temática “Ideas para una interpretación del «mal del delito» como factor de determinación penológica”, y el profesor de la UV José Luis Guzmán, quien expuso sobre “Los subsistemas anómalos de graduación de la penalidad en Chile: panorama, efectos y crítica”. La instancia fue moderada por el profesor de la UV Mauricio Menares.

La última jornada del evento inició con la segunda mesa de exposiciones, donde participaron el profesor de la PUCV Guillermo Oliver, quien expuso sobre "Nuevo régimen de la reincidencia y delito de saqueo: un disparo en los pies del legislador"; los académicos de la UV Andrés Benavides y Diego González, quienes se refirieron a “La graduación de la penalidad en los delitos económicos”, y el profesor de la PUCV Jaime Vera, cuya ponencia versó sobre “La determinación de la pena en los delitos ambientales”. Moderó la mesa la profesora de la UV Melissa Navarro.

Entregó las palabras de cierre del evento el profesor de la PUCV Guillermo Oliver.

El Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV se ha consolidado como una actividad de extensión académica de alto nivel y que ya se ha convertido en una tradición. Su objetivo es presentar y discutir con la comunidad jurídica de la región de Valparaíso las investigaciones y estudios que realizan profesores, doctorandos y ayudantes del área penal de las principales y más antiguas universidades y Escuelas de Derecho de la región, además de tratar con el público reformas legales y temas de especial actualidad o importancia.

El registro del XIII Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV se puede revisar en estos enlaces: primer día y segundo día.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

La Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso llevó a cabo el seminario académico “El impacto del estado social de derecho en el derecho administrativo: perspectivas ante una nueva constitución”.

En la oportunidad expusieron Raúl Letelier, profesor asistente de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y presidente del Consejo de Defensa del Estado y Rosa Fernanda Gómez, profesora titular de Derecho Administrativo de la UAndes. La actividad fue moderada por Carlos Dorn, académico de la Escuela de Derecho de la UV.

En sus palabras de bienvenida, el profesor Carlos Dorn indicó que los invitados están entre “los principales exponentes de la rama del derecho administrativo y esta temática es muy relevante hoy, sobre todo en el debate constitucional”.

Rosa Fernanda Gómez inició su intervención explicando que el objetivo es “hablar de los cambios que representa el anteproyecto de nueva constitución para el derecho administrativo y para eso vamos a empezar con números: el anteproyecto no cuenta con preámbulo, a diferencia de la propuesta de constitución del año pasado, que sí tenía uno; la propuesta actual tiene catorce capítulos, a diferencia de la actual constitución, que tiene quince; los artículos permanentes de la Constitución del ‘80 son 136 y el anteproyecto tiene 211; y en cuanto a cantidad de palabras, la Constitución actual tiene 27.657 y el anteproyecto de la Comisión Experta tiene 40.246. Junto con ello, es necesario indicar que hay diversas disposiciones transitorias que mandatan al presidente de la República a dictar diversos proyectos de ley dentro de un plazo perentorio que va desde los cinco años hasta los seis meses”.

“Respecto a los aspectos que desde el punto de vista del derecho administrativo resultan llamativos en la propuesta de nueva constitución, lo más relevante es esta idea de estado social, esta noción que es una de las bases fundamentales. Por lo tanto, de cierta manera el Consejo Constitucional debe entender que es una base inamovible, no la puede cambiar sin perjuicio de las discusiones que se han producido sobre ese tema y acá no hay novedad. Si uno revisa el artículo 1.2, se señala que Chile se organiza en un estado social y democrático de derecho, que reconoce los derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción del principio de responsabilidad fiscal y luego a través de instituciones estatales y privadas. Acá se reconoce la política social que de cierta manera ya se venía implementando en nuestro país desde el último tiempo”, puntualizó.

El profesor Raúl Letelier indicó que “vivimos tiempos constitucionales compulsos. Para nadie es un misterio de que hacer esta constitución ha sido nada fácil y uno diría, si algo queda de todo esto hoy -que ni siquiera sabemos si vamos a tener constitución en algún momento-, es que parece ser que hay un núcleo de bienes o valores que es correcto que una constitución chilena tenga y en ellos hay muchos de esos valores que venían desde nuestra historia, pero hay uno que resalta como un valor nuevo, como un verdadero valor de cambio, y ese es la figura del estado social”.

“Nosotros no habíamos hablado antes de consagrar un estado social a nivel constitucional. Eso no quiere decir que no hayamos tenido en algún momento histórico algo parecido a un estado social, pero nunca habíamos dicho de una manera tan expresa que Chile era un estado social. La propuesta constitucional fallida discutió mucho sobre qué norma tenía que ser la primera y se enfrentaban dos modelos incluso dentro de la derecha y dentro de la izquierda. Las primeras veces que se votó estado social no fue aprobado y al final se aprobó como una primera norma referida al estado social y luego en otra parte alguna norma especial sobre la persona. En el anteproyecto pasó algo parecido: también esta disputa entre la persona y el Estado, y en algún momento las cosas se revirtieron. Entonces aparecía la persona en primer lugar, alguna referencia con relación a la dignidad de la persona, y luego por allá por el artículo 3 o 4 había una referencia al estado social. La manera en cómo se presenta el proyecto es un anteproyecto que transforma en un conjunto lo que antes se tenía por separado”, detalló.

El registro de la actividad se puede revisar en https://cutt.ly/awrZrLUl.

Webinar fue organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

Con éxito se llevó a cabo el webinar titulado “Impacto y perspectivas de la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente”, actividad organizada por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

En la instancia, se dieron cita especialistas que abordaron distintos tópicos relacionados con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, incluyendo la gestión de denuncias, el sistema de cumplimiento y la potestad sancionadora ambiental.

Expusieron Jorge Femenías, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la PUC y socio a cargo del Área de Derecho Público y Medio Ambiente de Vial Larraín Femenías Abogados; Mariana Cruz, directora ejecutiva de ONG CEUS Chile e investigadora del CEDYCC UV, y Claudio Tapia, director del Área de Medio Ambiente y Recursos Naturales de FerradaNehme Abogados.

Jorge Femenías expuso sobre la potestad sancionadora ambiental en la reforma de la Ley N°20.417, analizando el procedimiento sancionatorio simplificado, dentro del cual comprende, por ejemplo, el allanamiento de infracciones de ‘bagatela’, siendo resistido dicho instituto por el exponente, proponiendo como mejor herramienta la utilización del principio de oportunidad por la autoridad administrativa.

Otro comentario hacia el proyecto en general es la utilización de conceptos indeterminados, como lo es el “riesgo inminente” que, según el expositor, “si bien hay literatura, nadie sabe definirlo, y aquello traerá problemas”, otorgando a la autoridad una gran discrecionalidad en su ejercicio, y también ampliando los casos sujetos a control por la autoridad ambiental.

Conflictivo para el expositor es también, tanto en la Ley actual como en el proyecto de reforma a la LO-SMA, la potestad sancionadora residual, la cual señaló que debería ser inconstitucional, dado que “las potestades deben ser expresas, específicas, y a todas las potestades residuales se les ha criticado de inconstitucionalidad”.

Al concluir, hizo referencia a la alusión en el mensaje del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de basarse en el tipo de culpa infraccional para así flexibilizar la exigencia de dolo en ciertas infracciones, siendo para Femenías un error, pues el derecho administrativo sancionador es eminentemente subjetivo.

Por su parte, Mariana Cruz enfocó su exposición en relación al régimen de denuncias en la LOSMA con un enfoque ciudadano, contrastando el contexto actual con lo propuesto en la reforma. Sobre el estado actual de la SMA, señaló que “es súper importante considerar que el trabajo de la Superintendencia del Medio Ambiente es bastante amplio, porque aparte de tener la fiscalización y control de la sanción de los instrumentos de gestión, tiene varias responsabilidades o funciones que muchas veces lo sobrepasan en su nivel de capacidad de gestión o institucional”.

Lo anterior lo ejemplifica con que, a la fecha, se han recibido más de 31 mil denuncias ambientales, las cuales se triplicaron desde el inicio de la norma. Este año, han ingresado cinco mil 957, y solo se han terminado dos mil 830, indicando que “esto nos refiere a que claramente hay un problema de gestión de denuncias, ya sea porque el procedimiento sancionatorio tiene problemas, o no es simplificado, o es muy rígido, que es lo que trata de plantear el proyecto en su mensaje”.

Señaló en este punto que “ante esta envergadura de trabajo de la SMA, surge esta reforma a través del diagnóstico de una Comisión Técnica. En materia de denuncias, son dos ámbitos presentes en el mensaje del proyecto: primero, el alto número de denuncias, lo que deriva en un problema de gestión; y, un segundo, un gran porcentaje corresponde a denuncias por normas de ruido, ámbitos que se encuentran presentes en el mensaje del proyecto”.

Además, hizo referencia a los articulados que se agregan y que se modifican del proyecto de ley, destacando la modificación del artículo 21 de la LOSMA, con relación a que se entrega la posibilidad de que la SMA informe acerca de la admisibilidad de la denuncia dentro del décimo día, así como también de resultados y/o actividades de fiscalización ordenados producto de la misma, en un plazo no superior a noventa días. “Esto da cuenta de la necesidad que se plantea en la comisión técnica de que la participación ciudadana y la transparencia sean principios transversales en esta reforma, y permitan a las personas hacer un seguimiento de su denuncia y sus resultados”, añadió.

Finalmente, Claudio Tapia trató el tópico de incentivos al cumplimiento y planes de reparación en el proyecto de reforma de la LO-SMA. Para ello, dio cuenta del actual tratamiento de las instituciones de la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los programas de reparación. Gracias a los datos de la cuenta pública de la Superintendencia y de gráficos realizados por el expositor, se mostró el abundante uso del programa de cumplimiento, en desmedro del poco uso de la autodenuncia y planes de reparación.

Respecto al análisis del proyecto de reforma, explicó que “un problema que se desprende es la falta de gestión para los instrumentos señalados. Necesitamos una Superintendencia con el tamaño adecuado para la tarea la cual le encomendamos, según los gráficos mostrados sobre ejecuciones, rechazos y ejecuciones satisfactorias, el número de ejecuciones satisfactorias está mucho más abajo, entonces necesitamos una Superintendencia que no solo sea capaz de producir aceptaciones o rechazos conforme a legalidad, sino que también de fiscalizarlo y controlarlo”.

Añadió además que “dentro de los cambios que propone el proyecto se explican las modificaciones de los instrumentos ya señalados, siendo de los más relevantes el referido al plan de reparación, el cual, de ser un instrumento voluntario para los regulados, se transformaría en uno de carácter obligatorio. Considero que el proyecto es acertado para las problemáticas ambientales y el ejercicio de la institucionalidad ambiental, pero es poco osado. Ejemplo de aquello son las modificaciones a las sanciones de tipo multa, en donde simplemente se aumentan los techos de las multas posibles, siguiendo entonces una forma de disuadir la infracción bastante típica y esperable”.

“Debemos tener como objetivo reparar y de la forma más rápida, y para eso debemos jugar con los incentivos al cumplimiento y el procedimiento sancionatorio, que son elementos generosos para lograrlo, pero en el estado regulatorio que está, sin hacer cortafuegos con el efecto que esto tenga en otras sedes, podría terminar en letra muerta”, cerró.

Nota: Camila Cortez

Bajo la temática “Humanismo y derecho penal” se llevó a cabo el XI Seminario Conjunto de Derecho Penal, organizado por las Escuelas de Derecho de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (Cifde) de la UV.

El encuentro se llevó a cabo en dos jornadas en el aula magna Victorio Pescio Vargas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y estuvo encabezado por el presidente del departamento de Ciencias Penales de la UV, José Luis Guzmán, y el jefe del departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la PUCV, Guillermo Oliver, ambas unidades organizadoras del seminario. Además, asistieron académicos y estudiantes de ambas universidades, abogados e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida de la actividad fueron entregadas por el profesor y director del Cifde, Luis Villavicencio, quien agradeció y valoró la instancia.

Conferencias y exposiciones

La conferencia inaugural fue dictada por el profesor José Luis Guzmán y versó sobre el tema “El humanismo: trayectoria, principios y resonancia penal de una tendencia espiritual”.

Posteriormente se dio inicio a la primera mesa de exposiciones, en la cual participaron el profesor de la UV Andrés Benavides, quien presentó la ponencia "Una mirada concreta del humanismo penal actual"; la académica de la PUCV Andrea Pinto, quien expuso "Penas y vergüenza: juicio crítico a la aflictividad de las penas sustitutivas contenidas en la Ley 18.216"; y la profesora de la UV y UNAB Rocío Sánchez, quien expuso el tema "¿Es compatible el cumplimiento de penas privativas de libertad por mujeres embarazadas con el principio de humanidad de las penas? Una aproximación desde la realidad chilena". La instancia fue moderada por la profesora de la UV Marcela Aedo.

La segunda y última jornada se inició con la segunda mesa de exposiciones, en la que participaron el profesor de la UV Diego González, quien expuso "Culpabilidad y personalidad de la responsabilidad penal: algunas consideraciones conceptuales"; el académico de la PUCV Gonzalo Agliati, quien presentó "Populismo punitivo y humanismo penal a partir de algunas reformas legislativas recientes"; y la profesora de la PUCV y UV Agustina Alvarado, cuya ponencia fue "Sentido y alcance de la legitimación para pedir la exclusión de prueba por ilicitud (standing) desde una perspectiva humanista".

La conferencia de clausura se tituló “El principio de humanidad y la inexigibilidad de otra conducta” y fue dictada por el invitado especial de la jornada, el profesor de la Universidad Católica del Uruguay Gastón Cháves Hontou.

Para finalizar la actividad, entregó las palabras de cierre la profesora de la PUCV y presidenta del Instituto de Ciencias Penales, Laura Mayer.

El Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV es una actividad que se ha consolidado como una actividad de extensión académica de alto nivel y que ya se ha convertido en una tradición. Su objetivo es presentar y discutir con la comunidad jurídica de la Región de Valparaíso las investigaciones y estudios que realizan los profesores, doctorandos y ayudantes del área penal de las principales y más antiguas universidades y escuelas de Derecho de la Región, además de tratar con el público reformas legales y temas de especial actualidad o importancia.

El registro del XI Seminario Conjunto de Derecho Penal UV-PUCV se puede revisar en https://cutt.ly/vwumoILD/.

Segundo día: https://cutt.ly/uwumpgrO/.

Actividad fue organizada por la Escuela de Derecho de la UV y el Colegio de Abogados de Valparaíso.

Especialistas en la materia se dieron cita en el seminario “Ley 21.643 (Ley Karin): una mirada desde la prevención, compliance y responsabilidad civil”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso —a través del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social— y el Colegio de Abogados de Valparaíso.

En la instancia expusieron Matías Rodríguez, profesor y presidente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV; Pamela Prado, académica del departamento de Derecho Civil de la UV, y Matías Valencia, jefe de compliance en Sodimac, y encargado de prevención de delitos en Imperial. La actividad fue moderada por Fabiola Lorenzini, consejera del Colegio de Abogados de Valparaíso.

En primer lugar, el profesor Matías Rodríguez expuso sobre los aspectos fundamentales de la Ley Karin, poniendo énfasis en el modelo de prevención, el cambio en materia de investigaciones y los cambios en materia de definiciones sustantivas.

Por su parte, la académica Pamela Prado hizo referencia al cambio del concepto del acoso laboral y los problemas que observa en materia de violencia en el trabajo. Además, hizo un análisis de responsabilidad civil y las reacciones que tiene el Derecho en relación a afectaciones de intereses extrapatrimoniales y derechos fundamentales.

Finalmente, Matías Leal explicó en su presentación la forma en que implementan la Ley Karin en términos de modelo de prevención y compliance, en las empresas en que se desempeña, Sodimac e Imperial.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla

Actividad fue llevada a cabo en el marco de la ejecución del proyecto Fondecyt Regular N°1220592, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Con éxito se llevó a cabo el conversatorio “Chile ante la regularización del mercado de cannabis”, organizado por el Departamento de Derecho Público en el marco de la ejecución del proyecto Fondecyt Regular N°1220592 financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, titulado “Una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile”, cuyo investigador principal es José Ángel Fernández, profesor de la Universidad Austral de Chile, y sus coinvstigadores son Juan Carlos Ferrada, académico de la Universidad de Valparaíso, y Hugo Osorio, profesor de la Universidad Austral de Chile.

La instancia fue moderada por el profesor Juan Carlos Ferrada, y en ella expusieron José Ángel Fernández (profesor UACh) y Mijail Villagra, académico de Economía de la UAI y la Universidad Central y director de Estudios de la Fundación Eutopía. Comentaron las ponencias Hernán Ocaz, abogado de “Santiago Verde”; Sandra Ovando, abogada del Ministerio Público, y Samuel Briceño, secretario de la Federación de Estudiantes de la UV.

Para contextualizar la actividad, el profesor Juan Carlos Ferrada explicó que “la cuestión central que planteamos en este proyecto no es la discusión sobre si legalización o no legalización, ya que entendemos que ese es un tema de política pública que no admite mucha discusión. La discusión que se ha planteado, y la que se está planteando en otros países, es cómo se tiene que incorporar o cómo se tiene que construir un mercado del cannabis, si es que tiene que ser un mercado o puede ser otro tipo de regulación no tan comercial”.

“Primero miramos las experiencias de otros países, para ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y ahora en una segunda etapa del proyecto lo que estamos haciendo es tratar de construir una propuesta pensando en Chile. Es una propuesta teórica, en el sentido de que no se sabe si esto políticamente es lo que va a ocurrir. Nosotros como académicos estudiamos y proponemos, y ya verá la política si lo adapta o no”.

Intervenciones

El profesor José Ángel Fernández, investigador principal del proyecto, explicó que “regular el mercado supone regular desde cuánto podemos comprar hasta cómo tienen que ser las etiquetas, regular cuestiones muy minuciosas que en un trabajo es muy difícil abarcar todas, así que elegimos cuatro cuestiones claves en la futura regulación del mercado del cannabis”.

“Cuatro datos importantes a tener en cuenta: uno de cada cuatro estadounidenses adultos tiene acceso al mercado del cannabis lúdico; el gobierno alemán ha presentado un proyecto de regularización; Chile es uno de los países sudamericanos con un mayor consumo de cannabis en gente joven; y Chile se proyecta como uno de los principales actores económicos en el futuro mercado del cannabis, y tiene su razón de ser. Primero, porque es un país liberal y con seguridad, entonces los inversores invierten y además se cumple con lo que se dice. Segundo, porque tiene buen clima para cultivar cannabis y una industria agropecuaria muy potente, entonces se puede cultivar cannabis de buena calidad”, añadió.

Posteriormente intervino Hernán Ocaz, abogado de “Santiago Verde”, quien trabaja con el mundo de los cultivadores, y explicó qué es lo que está ocurriendo en la realidad, haciendo referencia a las limitaciones del mercado que se ha ido construyendo en la práctica.

Detalló que “según las estadísticas, Chile es el tercer mayor consumidor por persona cada mil habitantes a nivel mundial. Otro punto es que en los análisis económicos de gran parte del mundo, se indica que el cannabis es un bien que tiene demanda inelástica en todo el mundo. La economía mejora y la economía empeora. Hay más sanciones y hay menos sanciones, y la gente en los países consume siempre más o menos las mismas cantidades de cannabis, y eso no varía. Eso tiene que ver tanto con elementos culturales como también de consumo y de mercado, que son un poco más complejos, pero creo que es importante analizar para entender que no es una cuestión que vaya a poder controlarse con la herramienta penal”.

Por su parte, la abogada Sandra Ovando, del Ministerio Público, explicó la posición del organismo y los problemas respecto al cultivo y la venta de cannabis. Detalló al respecto que “en el caso de la materia penal, en esta ley en particular es relevante que hagamos la relación necesaria entre el objeto material, el bien jurídico protegido, y cómo llegamos a una sanción, y además establecer qué se tiene que modificar en esta relación objeto material y bien jurídico, para que podamos plantear una despenalización, una legalización, una modificación, o cuál es el modelo al que podríamos eventualmente llegar”.

“En nuestro país la ley que sanciona o regula todo lo que dice relación con el tráfico es la Ley 20.000, que tiene la característica de que sanciona ciertas conductas cuando los objetos materiales que involucran esa conducta son de cierta naturaleza, y el artículo 63 nos dice que va a haber un reglamento para determinar cuáles son esos objetos materiales, pero la propia ley nos va dando indicios”, puntualizó.

Tras una primera ronda de preguntas, el tercer expositor fue el profesor Mijail Villagra, quien hizo referencia a la arista económica de la temática, indicando que “el consumo tiene un precio y también existe el mercado negro, y el traspaso de un mercado ilícito a un mercado lícito va para allá. El consumidor está atado al tabú o la imagen de alguien que está cometiendo un delito, que son muy dañinos para la sociedad, y la discusión en vez de irse para un tema económico, de salud pública o de economía —que puede ser el desarrollo de una industria muy potente en Chile—, siempre termina siendo una discusión de seguridad pública, porque es la principal preocupación que tiene la población hoy en día en Chile, y va a ser así durante muchos años si no se hacen políticas más estrictas en esa materia”.

Finalmente se presentó Samuel Briceño, secretario de la Federación de Estudiantes de La Universidad de Valparaíso y estudiante de la Escuela de Sociología, quien hizo referencia a la posición que históricamente ha tenido el movimiento estudiantil respecto a la legalización del cannabis en Chile.

Además, desde un punto de vista personal, añadió estar a favor de la legalización “porque no estamos hablando de una droga que no está legalizada por una razón de salud pública, como pueden estar no legalizadas otras drogas que tienen muchos más efectos, como el fentanilo o la pasta base. Esto tiene que ver con un fenómeno social que responde a una tradición moral más que otra cosa, donde en la opinión pública se equipara a quien consume con quien vende, y eso ha traído que históricamente haya habido un rechazo de parte de los políticos y de la sociedad”.

La actividad cerró con preguntas y diálogo entre los intervinientes y los asistentes.

El registro completo del conversatorio se puede revisar acá:   https://www.youtube.com/watch?v=J_SvS1lGTFg.

Fotos: Denis Isla / Nota: Camila Cortez

En seminario realizado en la Escuela de Derecho UV.

Especialistas en la materia se dieron cita en el seminario "Más allá del testimonio: las estructuras jurídicas tras el modelo de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes en Chile (Ley 21.057)”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Talca, y la Red de Investigadores de Derecho Procesal, y llevado a cabo en la Escuela de Derecho de la UV.

La actividad se realizó en el marco del desarrollo del proyecto Fondecyt Regular 1251429 titulado “Análisis crítico integral del diseño y ejecución del modelo de declaraciones de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal chileno. Aciertos, debilidades y oportunidades”, ejecutado por el equipo de académicos integrado por Enrique Letelier (UV), Cristian Contreras y Diego Palomo (Universidad de Talca).

En la instancia, expusieron Claudia Parra, magistrada del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar; Catherine Ríos, jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso; y Cristian Contreras, profesor de la Universidad de Talca. Moderó la mesa de ponencias Enrique Letelier, académico de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho UV.

Exposiciones

En su intervención, el profesor Cristian Contreras abordó las ideas matrices y principios que inspiran el modelo de declaración de niños, niñas y adolescentes (NNA) establecido por la Ley 21.057, correspondiente a una revisión general en cuanto al origen de la Ley, detallando que la idea fue llenar un vacío normativo respecto de la necesidad de regular la prevención de la victimización secundaria, y dar una respuesta institucional ante la ausencia de un marco normativo integral para proteger debidamente a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el resguardo de los derechos de todos los intervinientes para que exista un equilibrio entre la protección de los derechos del niño y las garantías procesales, especialmente del imputado.

Asimismo, revisó la doble declaración que realizan los NNA en cuanto a la entrevista investigativa y la declaración judicial, y cómo este sistema se fue implementando progresivamente en Chile, repasando los principios rectores de la Ley 21.057, en donde destaca la prevención de la victimización secundaria, la participación voluntaria de los niños, niñas y adolescentes y el interés superior como consideración primordial de las decisiones que se adoptan en juicio.

En esta línea, también hizo referencia a las medidas de protección que se establecen en la Ley en cuanto al espacio físico en que se lleva a cabo la declaración, el personal especializado que está a cargo de tener la relación directa con el niño, niña o adolescente —tanto en la entrevista como en la declaración judicial— y las técnicas que se emplean para llevar a cabo las entrevistas.

Por su parte, la magistrada Claudia Parra compartió su experiencia como jueza respecto a la evolución de las declaraciones de niños, niñas y adolescentes en los últimos 25 años. Junto con ello, hizo referencia a los primeros años del sistema procesal penal actual, detallando que no había mayores previsiones de la forma en que declaraban los NNA víctimas en juicio, quienes eran interrogados en las audiencias y directamente por los intervinientes.

En su opinión, la Ley 21.057 corresponde a un avance significativo en la forma en que se abordan las entrevistas, junto con la forma en que se trasladan las preguntas a los NNA y la duración de las declaraciones. En este punto, destacó que ello se desarrolla en un marco de voluntariedad de los niños, niñas y adolescentes, haciendo presente, no obstante, lo que la afectación de este sistema puede significar para el principio de inmediación y el derecho de defensa del imputado.

Finalmente, la abogada Catherine Ríos realizó una evaluación positiva de la ley, indicando que es un gran avance en la prevención de la victimización secundaria, y destacando que el objetivo de las entrevistas videograbadas es evitar que el niño, niña o adolescente sea sometido a varias diligencias, de modo que la Ley exige una serie de coordinaciones interinstitucionales y estructuras que requieren presupuesto. Ello, según detalló, ha presentado dificultades en la disponibilidad de las salas para llevar a cabo las entrevistas, en los equipos y los técnicos, afectando la calidad y oportunidad del servicio.

En este sentido, explicó que hay una desarticulación institucional de lo que ha ocurrido en torno a la implementación de la Ley, detallando que existe una tensión entre la protección de los derechos de la niñez y el derecho de defensa del imputado. Junto con ello, hizo presente las dificultades que tiene la defensa para contrainterrogar al NNA, y en cómo proceder en casos en que el niño, niña o adolescente no quiere declarar en juicio, lo que podría permitir la incorporación de la entrevista como un medio de prueba, siendo esta una cuestión que aún no está completamente zanjada por la jurisprudencia.

El registro del seminario "Más allá del testimonio: las estructuras jurídicas tras el modelo de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes en Chile (Ley 21.057)” se puede revisar acá: enlace parte 1 y enlace parte 2.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Especialistas en la materia se dieron cita en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso para ser parte del coloquio "Modificaciones introducidas al proceso penal por la Ley N° 21.560 (Ley Naín-Retamal)", organizado por el departamento de Derecho Procesal de la unidad académica.

En la oportunidad expusieron Catherine Ríos, abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, profesora de la UNAB y doctoranda en la UV; Javier Rojas-Mery, coordinador de la sección penal de la Procuradoría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valparaíso, abogado asociado estudio Del Villar y Compañía y profesor de la Universidad de Valparaíso; y Daniel Polanco, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Valparaíso, con especialidad en delitos violentos y ley de control de armas.

La actividad fue moderada por el presidente del departamento de Derecho Procesal de la UV Enrique Letelier, quien explicó al inicio que la Ley N° 21.560 “es bastante reciente e introdujo varias modificaciones sustantivas al derecho penal, pero además en materia procesal, y algunas de ellas han pasado inadvertidas, salvo para aquellos que están litigando”.

Inicialmente, Catherine Ríos explicó en su presentación que “la llamada Ley Naín-Retamal es de las pocas que es muy conocida por toda la comunidad. Se publica el 10 de abril del año 2023 y tiene por objeto fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”.

Respecto a su historia legislativa, detalló que “es una ley que se tramitó alrededor de dos años, iniciando con la tramitación de la Ley Naín, a la que después se fusiona el proyecto de Ley Retamal. Todos supimos que fue muy controversial, porque en menos de dos semanas luego de su fusión fue aprobada y publicada, además en un contexto muy polémico frente a la muerte de una carabinera, entonces fue todo muy complejo”.

“Pero una de las cosas que caracterizó a esta ley es que, además de su rápida tramitación, no se oyó a expertos, y esto fue bien criticado desde la academia. Y también se tradujo en que tiene una serie de cuestiones que son bastante complicadas y que vamos a ir viendo en el camino, cuando empiecen a aparecer los casos en los cuales se va a aplicar. Una de las cuestiones que fue emblemática fue el tema de la legítima defensa privilegiada, que es la gran modificación, pero esta ley es mucho más amplia, tiene muchas modificaciones que han pasado inadvertidas y en materia penal hay hartas”, puntualizó.

El profesor Javier Rojas-Mery hizo referencia a la víctima querellante en el proceso penal, detallando que “existe una perspectiva bastante crítica respecto de esta ley, que efectivamente ha llamado la atención respecto de derecho penal sustantivo, que contiene varias disposiciones procesales que han pasado de alguna manera inadvertidas y, sin duda, tiene varios defectos que van a representar luego en la práctica varias situaciones que van a ser muy difíciles de resolver”.

“El proceso penal instaurado en nuestro país fija roles: el rol de la víctima y el rol del imputado. Es decir, uno podría señalar que la víctima como titular de la acción penal, que se reconoce en el artículo 83 de nuestra Constitución, tiene un rol activo en el proceso penal en cuanto al ejercicio de la acción. Por otro lado, el imputado aparece como un sujeto pasivo de la acción penal y en ese sentido se le tutela con un conjunto de derechos y garantías que se fijan desde un momento señalado en el artículo 7° del Código Procesal Penal, cuando nos indica que haya una imputación dirigida en su contra, sin la antigua discusión que existía en el sistema inquisitivo”, destacó.

“Sin duda que ambas posiciones, de la víctima y del imputado, constituyen roles y pretensiones distintas en el proceso penal y, como decía un antiguo profesor, las cosas son lo que son y no lo que uno quiere que sean. Y justamente esta ley cae en ese error: intentar tratar de etiquetar lo que pretende que sea y no lo que realmente es”, añadió.

Finalmente, Daniel Polanco se refirió al impacto social e investigativo de la Ley 21.560, indicando que “es un tema difícil de entender desde lo jurídico, pero fácil de entender desde la efervescencia”.

“En esta ley indudablemente lo que se proyecta es su permanencia. No está hecha solo para que dure un tiempo breve, sino que tiene una pretensión de permanecer en el tiempo y va a impactar fuertemente en las investigaciones penales dentro de lo que al interior del Ministerio Público conocemos como el fenómeno de la violencia institucional, en que agentes del estado desde su más amplia concepción -no solo funcionarios policiales, también otras instituciones que son parte de la administración del Estado- pueden generar eventos violentos y eso forma parte del fenómeno, pero aquí aterrizado ciertamente al ámbito de las actuaciones policiales en sentido amplio”, explicó.

“Creo que es una ley o un tema espinoso, porque es una clara manifestación de un proceso legislativo hecho con prisa. Si ustedes miran la historia de la ley, que está enmarcada por la falta de insumos o la imposibilidad de obtener insumos para interpretar lo que se está diciendo, uno se da cuenta que lo que se hizo fue actuar con prisa, sin reflexión, y el artículo 7° es manifestación de aquello. Es una indicación, contra lo que uno podría esperar. No provino de los autores originales de la Ley Naín o la Ley Retamal, sino que fue una indicación del Ejecutivo y ni siquiera fue que se planteara desde el comienzo de la tramitación”, enfatizó.

El registro completo de la actividad se puede revisar acá: https://cutt.ly/zwriQMgm.

Nota: los ponentes señalaron que sus opiniones las entregaron a título personal y no en representación de las instituciones en las que se desempeñan.

Seminario fue organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC UV).

Especialistas en la materia se dieron cita en el seminario online titulado “Perspectivas globales para la justicia climática”, organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

En la ocasión expusieron Héctor Herrera, magíster en Políticas Públicas, Universidad Nacional de Colombia y PhD (c) en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Amberes (Bélgica); Thalia Viveros-Uehara, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comprado y Derecho Internacional (Alemania) e investigadora postdoctoral de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), y Paola Villavicencio, investigadora del Insta-Dret ambiental, diàleg i sostenibilitat, e investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (España) y de la North-West University (Sudáfrica).

La actividad tuvo por objetivo tratar junto a los investigadores y exponentes diversos tópicos vinculados a la justicia climática, como el análisis global de esta tipología de justicia, la intersección de los derechos sociales con este fenómeno —en especial con el Derecho a la salud— y el rol que cumplen las finanzas climáticas ancladas a esta idea.

Thalia Viveros expuso sobre el Derecho a la Salud como herramienta normativa y analítica para la justicia climática. En este tenor, inició su presentación sobre la base de la posibilidad de encontrar justicia climática a través de los tribunales nacionales. Esto a raíz de que los litigios climáticos a partir de 2015 han ido en crecimiento, en especial en Latinoamérica.

En este sentido, explicó que lo anterior implica “ver la vulnerabilidad al cambio climático desde la justicia climática como una cuestión de salud. Esto tiene que ver con el entorno social, particularmente un acceso desigual a los servicios de salud, para prevenir y para tratar las condiciones que ya se están manifestando directa o indirectamente relacionadas con el cambio climático. Es decir, aquellas condiciones que surgen directamente por los patrones cambiantes de temperaturas, pero aquellas que también ya se encuentran allí pero que se exacerban por las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos”.

En esta línea, indicó que “el litigio climático no aborda actualmente la desigual vulnerabilidad en la salud, sino que sirve como plataforma para problemas ecológicos unidimensionales, lo cual es solamente mitigar —que es legítimo— y apoya al movimiento, pero si todo el movimiento de litigio climático es enfocado a eso, se dejan muchas realidades fuera de la vía judicial”.

“Para que el litigio climático pueda ser una vía para atender la mayor vulnerabilidad (…) sus partes litigantes y también las y los jueces requieren alinear los horizontes de estrategia e interpretación para poder aplicar el derecho a la salud en todo su potencial”, cerró.

Por su parte, Héctor Herrera expuso sobre su estudio en desarrollo que aborda las finanzas climáticas desde una perspectiva de justicia climática, particularmente desde el rol de los bonos verdes y las experiencias comparadas. En este sentido, explicó que la literatura de finanzas climáticas ha tenido dos puntos centrales: primero la distribución, respondiendo a la pregunta de quién va a pagar por esta justicia climática, es decir, los Estados Nación ricos, quienes deben pagar para que los Estados Nación en desarrollo puedan hacer su adaptación y mitigación, ampliando el estudio a un nivel subnacional y local, esto es, a nivel de municipio y de la ciudad, incluso, a nivel barrio y comunidad.

Desde un segundo eje, señaló que existen estudios de casos que se enfocan en instrumentos financieros, tales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Baird y Green, 2020), Fondo Verde Climático (Vanderheiden, 2015) y Bonos Verdes y Bonos Verdes Municipales, donde enfoca su estudio, señalando los casos de México y Argentina.

Finalmente, Paola Villavicencio abordó las implicancias de justicia en la mitigación de la crisis climática, instancia en que hizo referencia a la justicia climática desde diversas aristas, comenzando con la problematización y contextualización de esta llamada justicia, para luego abordar la relación entre justicia climática y mitigación, destacando especialmente las estrategias convencionales y no convencionales para la mitigación.

A modo de contextualización y problematización de la materia, comenzó desarrollando la injusticia respecto a desigualdades y asimetrías socioeconómicas, estructurales y etarias respecto a la proporción de recursos que poseen para afrontar el cambio climático, repercutiendo de manera evidente en la respuesta de aquellos grupos sociales frente a los impactos. De igual forma, se desarrolla una construcción inicial de la justicia climática a partir de dos elementos centrales: la equidad y los Derechos Humanos, debiendo ambos elementos ser factores cruciales para la toma de decisiones y acciones la materia.

Concluyendo su exposición, reflexionó sobre el activismo realizado por grupos vulnerables, quienes intentan que la mitigación no solo contemple una reducción de emisiones desde el punto de vista ambiental y económico, sino que también se consideren los aspectos sociales, aspectos culturales y los Derechos Humanos en el diseño e implementación de cada una de estas medidas. Por ello, hizo referencia a la importancia de comprender que la justicia climática busca efectivamente la acción, pero no una acción que olvide y que deje de lado factores primordiales en razón del beneficio económico, sino que se espera una verdadera acción climática que considere como punto central a las personas y todas las formas de vida que cohabitan los ecosistemas, validándolas y reconociéndolas como legítimas.

Nota: Camila Cortez

En seminario organizado por Escuela de Derecho UV, con exposiciones de Emanuele Corn, de la Universidad de Antofagasta y Universidad de Pavia (Italia); Alejandra Castillo, de la UDP; Diego González, de la UV; y Massiel Olavarría, de la UAH.

Con éxito se llevó a cabo el seminario “El delito de femicidio en Chile: asuntos pendientes tras sus últimas reformas”, llevado a cabo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso bajo la organización del Departamento de Ciencias Penales y sus programas de Magíster en Derecho
y Doctorado en Derecho.

En la oportunidad expusieron Emanuele Corn, académico de la Universidad de Antofagasta y Universidad de Pavia, Italia; Alejandra Castillo, profesora de la Universidad Diego Portales; Diego González, académico de la Universidad de Valparaíso; y Massiel Olavarría, profesora de la Universidad Alberto Hurtado.

Las palabras de inicio de la actividad fueron entregadas por el profesor José Luis Guzmán, presidente del Departamento de Ciencias Penales, en una instancia que fue moderada por el académico de la unidad, Mauricio Menares.

La actividad abordó de manera crítica los principales nudos problemáticos que presentan las recientes reformas al delito de femicidio en Chile, tanto desde una perspectiva dogmática como político criminal. En este sentido, las exposiciones permitieron analizar la nueva figura del suicidio femicida y sus dificultades interpretativas, los riesgos de expansión simbólica del Derecho Penal, los criterios de imputación subjetiva aplicables a las distintas hipótesis de femicidio y, finalmente, la evolución histórica y comparada de esta figura, ofreciendo un panorama integral sobre los desafíos pendientes en la regulación y aplicación de este delito en el ordenamiento jurídico chileno.

Primeramente, expuso la profesora Massiel Olavarría acerca del tema “Problemas interpretativos y desafíos a propósito del suicidio femicida”, ocasión en que abordó la nueva figura delictiva, prevista en el artículo 390 sexies del Código Penal chileno, consistente en la causación femicida de un suicidio, haciendo referencia a las principales interrogantes que suscita dicho delito, especialmente en lo que concierne a su delimitación con las figuras de la autoría mediata y la inducción femicida al suicidio.

En la misma mesa, la profesora Alejandra Castillo presentó la ponencia titulada “El suicidio femicida como tipo penal insulso: entre expansión simbólica y déficit dogmático”, donde compartió reflexiones generales acerca de los potenciales riesgos que trae consigo el uso simbólico del Derecho Penal, presentando luego una interpretación acerca de la estructura del delito de causación femicida de un suicidio, de acuerdo con la cual este último constituiría una hipótesis de inducción laxa de contexto.

En la siguiente mesa, el profesor Diego González presentó la exposición que llevó por título "Imputación subjetiva en el delito de femicidio", examinando cómo es que las tres hipótesis de femicidio reguladas en el Código Penal chileno son compatibles con una imputación a título de dolo eventual, con base en la distinción entre creencias, intenciones y motivos.

Finalmente, el profesor Emanuele Corn habló acerca de “El femicidio y el papel del Derecho Penal en la lucha contra la violencia de género: evolución futura”, ponencia en la que efectuó un recorrido histórico del desarrollo que ha experimentado la estructura típica del femicidio en el Código Penal chileno, para luego ofrecer una mirada comparativa con la evolución que ha experimentado recientemente esta figura en el derecho comparado, así como algunas posibles proyecciones para la realidad local.

Al finalizar cada una de las dos mesas se llevó a cabo una ronda de preguntas, en las que participaron estudiantes y docentes que participaron de la actividad.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Actividad digital organizada por el Cedycc de Escuela de Derecho UV reunió a profesionales de Chile y España.

Destacados especialistas se dieron cita en el seminario digital “Las empresas y el cambio climático”, en una actividad organizada por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (Cedycc) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

En la jornada expusieron Julián Martínez, académico asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Johns Hopkins University e investigador predoctoral del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España); Camila Martínez, asociada senior del estudio jurídico Eelaw en Chile, y Daniel Iglesias, profesor e investigador “Juan de la Cierva” de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, España), investigador senior del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y miembro del Consejo de la Academia Latinoamericana sobre empresas y Derechos Humanos.

La actividad fue moderada por Almendra Morgado, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso e investigadora asociada del Cedycc UV.

Exposiciones

Julián Martínez hizo referencia a las empresas y el cambio climático, desde la mirada del compliance, indicando que  “hoy la ciencia nos indica que las emisiones de dióxido de carbono están en aumento a pesar de los distintos esfuerzos existentes en relación con tratados internacionales, con compromisos de los distintos estados, y se observa que a pesar de la existencia de estos mecanismos, la reducción de las emisiones no se está logrando, por lo que requerimos otra mirada del cambio climático”.

En ese sentido, explicó que “las empresas y la asesoría que se les está realizando en relación con el cambio climático están enfocadas única y exclusivamente en las emisiones y en la mitigación y adaptación de los gases de efecto invernadero, sin embargo, debemos evitar este ‘túnel’, haciéndonos cargo de otras aristas del problema: las inequidades, la pérdida de biodiversidad, la crisis del agua, la educación. A mayor abundamiento, lo que plantea esta crítica es que entender el tema de las empresas y cambio climático requiere una integración de lo ambiental y lo social, la cual parece algo que es obvio o fácil. Sin embargo, integrar para las empresas estos temas es relativo a integrar la sostenibilidad en su estrategia, y la propuesta es que se debe ir más allá, deben redimensionarla a largo plazo de acuerdo con los límites biofísicos y el cuidado de las personas”.

“A las empresas no se les puede dejar en una autorregulación plena, hay que establecer programas, parámetros, de manera de evidenciar que a través de políticas, controles, objetivos, indicadores y demás, están cumpliendo una determinada regulación”, concluyó.

Por su parte, Camila Martínez expuso sobre el tópico empresas y cambio climático desde el punto de vista regulatorio, instancia en que reflexionó sobre los desafíos que tiene el cumplimiento ambiental desde la arista regulatoria, y sobre cómo todavía existen desafíos que se presentan incluso teniendo un marco regulatorio muy robusto en nuestro país, y cómo las empresas pueden ir tomando la iniciativa aun cuando no les es exigible de forma directa en algunos temas.

“Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tenemos una serie de desafíos en temas regulatorios. Si bien tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, aún estamos al debe. Siempre, como en todo proceso normativo, la regulación va un poco más atrasada de lo que en la realidad ocurre”, explicó.

En este sentido, en relación a la Ley Marco, señaló que los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental desde este año en adelante van a incorporar esta variable, los cuales se están evaluando o han obtenido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante el año 2023, incorporando las guías de cambio climático o medidas de adaptación y mitigación, reparación o compensación, según corresponda. En este sentido, señaló que “desde el mundo privado o desde las empresas que tienen RCA vigente se puede tomar la iniciativa de actualizar los planes de emergencia y contingencia para incorporar la variable cambio climático, existiendo herramientas como lo que indica la guía del SEIA para incorporar la variable en este aspecto, considerando que se puede actualizar los planes de emergencia y contingencia de manera voluntaria”.

Finalmente, Daniel Iglesias expuso desde una perspectiva de Derechos Humanos, partiendo de dos premisas importantes: por una parte, el cambio climático y sus efectos negativos nos privan o afectan el disfrute de una amplia gama de Derechos Humanos, pues genera olas de calor, sequías y aumento del nivel del mar, y esto, en su conjunto o de manera individual, tiene efectos directos en ello. La segunda premisa corresponde al hecho de que en este contexto de crisis climática, los estados tienen obligaciones de Derechos Humanos y tienen, por tanto, la obligación de hacer frente a la lucha contra el cambio climático.

Agregó que “esto lo viene también a confirmar Naciones Unidas a través de sus procedimientos especiales, que han reafirmado, sobre todo, que los estados en el marco de sus obligaciones de Derechos Humanos tienen que hacer frente al cambio climático, y más recientemente a través de la litigación climática, pues se reafirman estas obligaciones y la litigación climática también se convierte en esa estrategia para exigir el cumplimiento de los estados de estas obligaciones de Derechos Humanos en el contexto de la crisis”.

“Debemos tener en cuenta esa relación entre cambio climático, Derechos Humanos y empresas, porque a partir de esta compleja relación se derivan algunos cuestionamientos interesantes. Por ejemplo, ¿tienen las empresas las mismas obligaciones que los estados en el contexto de la crisis climática? Es decir, ¿los tratados de Derechos Humanos imponen obligaciones a las empresas en el contexto de la crisis climática en materia de mitigación y adaptación con ese enfoque de Derechos Humanos? La respuesta a todas estas preguntas es no, porque en principio las empresas no son sujetos de derecho internacional y, por tanto, no son sujetos de obligaciones en virtud del derecho internacional de los Derechos Humanos, ni tampoco del régimen internacional de cambio climático”, cerró.

Nota: Camila Cortez

Con éxito se llevó a cabo el seminario “Sesgos cognitivos: discusiones sobre su posible incidencia en la responsabilidad jurídico-penal y moral”, organizado por la Escuela de Derecho y el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso.

En la instancia participaron María Soledad Krause, académica del departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile; Luis Placencia, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y Diego González, académico del departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Valparaíso. La actividad fue moderada por la docente de la UV Melissa Navarro.

La primera exposición estuvo a cargo de la profesora María Soledad Krause, quien presentó la ponencia titulada "Sesgos cognitivos y razonamiento probatorio. Una primera aproximación al fenómeno y sus consecuencias". Durante su presentación, Krause explicó cómo una serie de fallos cognitivos, tales como el sesgo de confirmación, el sesgo retrospectivo, el efecto anclaje o el pensamiento de grupo, pueden incidir de manera relevante en el contenido de las resoluciones judiciales, aun cuando quienes las adoptan no siempre se encuentren conscientes de ello.

Por su lado, el profesor Luis Placencia dio cuenta del tema "La concepción davidsoniana del autoengaño", del que primeramente abordó el carácter paradójico del engaño en tanto instancia particular de sesgo cognitivo, ilustrándolo con situaciones de la vida cotidiana, para posteriormente explicar una de las concepciones más célebres del autoengaño en la Filosofía moral, es decir, la que fuera desarrollada en su día por Donald Davidson.

Finalmente, el académico Diego González buscó responder a la interrogante "¿Hay algo incorrecto en engañarse a sí mismo? Reflexiones desde el derecho penal", durante una intervención en la que planteó si el autoengaño constituye o no una maniobra intrínsecamente incorrecta, para luego esbozar distintos ámbitos de la Teoría del Delito, en la que ciertos casos de desconocimiento estratégico podrían llegar a suscitar algún interés jurídico-penal.

El seminario “Sesgos cognitivos: discusiones sobre su posible incidencia en la responsabilidad jurídico-penal y moral” fue organizado en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación N°11230951.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla 

En el XVIII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal “Asociaciones delictivas y criminales: Dimensiones penales y procesales de su reforma” participaron los académicos Rocío Sánchez, Diego González y Héctor Hernández.

Un profundo análisis académico sobre La Ley 21.577, que busca fortalecer la persecución de la delincuencia organizada en Chile, desarrollaron tres especialistas en el XVIII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal “Asociaciones delictuales y criminales: Dimensiones penales y procesales de su reforma”, organizado en conjunto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y la Defensoría Regional Valparaíso.

La actividad —que se transmitió en directo y ha sido vista a la fecha por más de trescientas personas— reunió a más de cien asistentes, entre abogados, defensores, fiscales, jueces y estudiantes de Derecho.

En la actividad expusieron Rocío Sánchez, investigadora y profesora de la UV y la UNAB; Diego González, investigador y profesor de la UV, y Héctor Hernández, profesor de la UDP. Moderó la jornada Catherine Ríos, jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso.

El evento fue encabezado por el decano de la Facultad de Derecho de la UV, Ricardo Saavedra, y Alejandra Pizarro, defensora regional subrogante de Valparaíso, y participaron además la directora de la Escuela de Derecho, Inés Robles, y la seremi de justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez.

Candente actualidad

En sus palabras de bienvenida, el decano de la Facultad de Derecho de la UV, Ricardo Saavedra, hizo referencia a la importancia de “enriquecer nuestra perspectiva sobre un tema de candente actualidad, como lo es el de las asociaciones delictivas criminales, que parecen poner en jaque el estado de derecho y la eficacia misma del Estado en aquellos territorios o tejidos sociales donde estas asociaciones suelen enquistarse, planteando así grandes desafíos a lo que siempre estimamos como aquel deseable equilibrio entre la eficacia de la persecución del delito con un pleno respeto de las garantías básicas de un estado democrático, enfoque y perspectiva que sin duda han caracterizado las ya muchísimas versiones de este seminario”.

Por su parte, la defensora regional subrogante Alejandra Pizarro sostuvo que “incorporar medidas intrusivas durante la investigación, el secreto de la investigación durante extensos periodos, la existencia de testigos protegidos y reservados, e intervinientes anónimos, dificultan sustantivamente el trabajo de la defensa. El desafío de la lucha contra el crimen organizado es mantener el equilibrio para lograr un sistema penal eficaz que desarticule estas complejas redes mientras se asegura el debido proceso y el derecho a un defensa material que son pilares del estado de derecho”.

Análisis académico

Primeramente, el profesor Diego González Lillo expuso "Las asociaciones delictivas y criminales: consideraciones acerca del objeto y los límites de su imputación según el Código Penal chileno", instancia en que señaló que “ahora se establece expresamente que el proveer recursos para la asociación delictiva o criminal es una forma de tomar parte en ella”.

Por su parte, la ponencia de la académica Rocío Sánchez versó sobre “Crimen organizado en Chile: antecedentes criminológicos para analizar las reformas jurídico penales”, donde afirmó que “la definición que es compleja para efectos de entender qué es una organización criminal o delictiva, puede entenderse enfocada en el crimen organizado o en la delincuencia que existía antes que este fenómeno transnacional llegara al país”.

Finalmente, el profesor Héctor Hernández abordó el tema "Régimen especial de medidas intrusivas para la investigación de la criminalidad organizada", oportunidad en que señaló que “la Ley 21.577, que ha venido a modificar todo lo relativo al régimen de la criminalidad organizada en nuestro país, curiosamente en materia procesal es una ley tremendamente importante, que va mucho más allá de lo que es propiamente el crimen organizado. (…) Las técnicas especiales de investigación que son operaciones encubiertas y entregas vigiladas, es lo más significativo que hace esta ley”, cerró.

El registro del XVIII Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal “Asociaciones delictuales y criminales: Dimensiones penales y procesales de su reforma” se puede revisar acá.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

Webinar fue organizado por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la UV.

Con éxito se llevó a cabo el webinar titulado “Nuevas tendencias del litigio climático”, actividad organizada por el Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático (CEDYCC) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con el objetivo de analizar las nuevas dinámicas y tendencias en el litigio climático, prolongando diversos enfoques tanto a nivel global como local.

Dentro de los temas que abordaron los especialistas, se encuentran el rol del género en los litigios climáticos en América Latina, perspectivas ecocéntricas en el litigio climático en Latinoamérica y reflexiones sobre casos recientes a nivel global.

En la oportunidad expusieron Natalia Urzola, jefa de Operaciones de la Global Network for Human Rights and the Environment y relatora para Colombia de la Global Peer Reviewers' Network of Climate Litigation del Sabin Center de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; Raúl Campusano,  director académico del programa de Magíster en Derecho Ambiental y director de Postgrados de la Escuela de Derecho UDD, y Humberto Filpi, miembro del Grupo de Investigación GPDA/UFSC, del proyecto de extensión Clínica de Justicia Ecológica/UFSC, del programa de las Naciones Unidas Harmony with Nature del Global Network for Human Rights and the Environment (GNHRE) y de la red Laclima. La actividad fue moderada por Almendra Morgado, egresada de la Escuela de Derecho e investigadora asociada del CEDYCC UV.

Exposiciones

Raúl Campusano expuso sobre dos casos emblemáticos de litigio climático. El primero es el caso “Urgenda contra Países Bajos”, denominado como la primera demanda exitosa en materia de responsabilidad extracontractual en contra de un gobierno, en la que se ha recurrido al cambio climático para proteger los Derechos Humanos, en un área también conocida como justicia climática. En dicho tenor, señaló que “aquí la gran pregunta que cabe realizar para el derecho procesal es sobre si procede que organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos pueden demandar a su propio Estado en sede nacional, a propósito de obligaciones internacionales del Estado”. Al respecto, agregó que “la respuesta tradicional es que las obligaciones internacionales se ventilan ante tribunales internacionales y entre sujetos de derecho internacional, básicamente, entre estados”.

El segundo análisis fue el caso “Milieudefensie y otros contra Royal Dutch Shell”, proceso judicial tramitado ante el Tribunal de distrito de La Haya en los Países Bajos en 2021 relacionado con la reducción de emisiones de carbono de las multinacionales. En mayo de 2021, La Haya ordenó que Royal Dutch Shell debe reducir sus emisiones globales de carbono –en relación con sus niveles de 2019– en un 45 por ciento para 2030, considerándose el primer litigio importante sobre cambio climático en contra de una corporación. En este sentido, Campusano señala que “aquí la pregunta es si una empresa multinacional está obligada por un tratado internacional del que no es parte y no podría ser parte”. Responde al respecto –haciendo mención de que serían temas básicos de Derecho Internacional, esto es, principio de la autonomía de voluntad y personalidad jurídica de las partes que pueden ser parte de un tratado internacional–, que “la respuesta tradicional es que no se encuentra obligada, ya que no concurrió con su voluntad a obligarse, y no podría haberlo hecho ya que el tratado de París es un tratado entre estados”.

Por su parte, Natalia Urzola expuso respecto al género en el litigio de cambio climático en Latinoamérica, instancia en que —tal como en el artículo científico en el cual explica esta teoría—- hizo referencia a la “Teoría del punto de vista feminista” o Feminist Standpoint Theory, donde sostiene que “el litigio climático en Latinoamérica tiende a producir desequilibrios de conocimiento al no reconocer la desventaja que tienen los grupos marginados sobre este mismo proceso de producción”. A esta conclusión llega después de analizar tres casos que resultan relevantes para la región, tanto para el nivel de litigio de cambio climático como para la crítica de género. El artículo concluye con sugerencias acerca de los beneficios que puede traer a Latinoamérica la perspectiva de género en la región.

Así, sostuvo que “el tratamiento del género y del cambio climático, tanto en la política ambiental como en el litigio ambiental, inicialmente empezaron de manera independiente; sin embargo, recientemente se ha desarrollado más el tema en lo relativo a la intersección del género con el cambio climático, lo que nos lleva a entender que a pesar de que la crisis climática nos afecta a todos a nivel global, las consecuencias son experimentadas de forma distinta dependiendo de la situación en la cual se encuentre cada población. La posición en la que nos encontramos influye en la sensación y experiencia que tenemos frente a los impactos del cambio climático y, asimismo, impacta en la preocupación que se tiene frente a los mismos. Esta posicionalidad genera un conocimiento situado que se origina precisamente en estas experiencias particulares”.

Finalmente, Humberto Filpi expuso sobre la perspectiva ecocéntrica de la litigación climática en América Latina, centrándose en cuatro focos: el análisis de la emergencia climática; la litigación ecológica y climática del sur global; la presentación de argumentos ecocéntricos en la litigación climática en América Latina, y las nuevas perspectivas y desafíos a enfrentar.

Primeramente, realizó un análisis de la emergencia climática destacando la vulnerabilidad ecológica ligada a aspectos socioculturales y económicos, entendiendo que los eventos extremos del cambio climático impactan de manera desigual a la población latinoamericana y los ecosistemas. Esta vulnerabilidad ecológica se ha desarrollado en relación con los derechos fundamentales de las personas, por lo que señaló que es un desafío mantener la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la diversidad sociocultural característica de la región.

Luego, respecto a la litigación ecológica y climática en América Latina, señaló diversas características relevantes presentes en la región: la cooperación y diálogo sobre casos en curso y fallados; el enfoque en la aplicación de normas existentes en las jurisdicciones latinoamericanas, y la relevancia de avanzar en la discusión sobre el cambio climático en aquellos casos que se presenta de manera periférica, indirecta e incluso implícita, siendo abordada a partir de los Derechos Humanos.

Nota: Camila Cortez

Participaron en el seminario profesores y profesoras de la UV y UAI.

Con éxito se llevó a cabo el seminario “Aspectos fundamentales para el Derecho Laboral y Civil de la Ley 21.643 sobre acoso sexual, moral y violencia en el trabajo (‘Ley Karin’)”, organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a través de sus departamentos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Civil.

En la instancia participaron Matías Rodríguez, profesor y presidente del Departamento de Derecho del Trabajo de la Escuela de Derecho de la UV; Caterina Guidi, académica de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez; Sergio Gamonal, profesor de Derecho del Trabajo de la UAI, y Pamela Prado, académica de Derecho Civil de la UV. El panel fue moderado por Dagmar Salazar, profesora de Derecho del Trabajo de la UV.

En primer lugar, la profesora Caterina Guidi hizo referencia en su presentación a la manera en que la “Ley Karin” se ajusta a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 190 sobre acoso y violencia en el trabajo.

Por su parte, la académica Pamela Prado expuso sobre la responsabilidad en materia de daños a derechos fundamentales y daños morales que surgen por el acoso sexual, laboral y violencia, detallando los regímenes de responsabilidad civil que se tienen que configurar en cada caso.

Por otro lado, el profesor Matías Rodríguez realizó un cotejo entre los procedimientos de prevención y de investigación nuevos de la “Ley Karin”, haciendo un paralelo respecto a cuáles serían las materias nuevas y conclusiones en función de ello. En este punto, detalló que había insuficiencias regulatorias en la nueva ley.

Finalmente, el académico Sergio Gamonal desarrolló un análisis de fondo en relación a cuestiones conceptuales, respecto a las definiciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia que estaban incorporadas en la “Ley Karin”, entregando una visión crítica de ello.

Al seminario “Aspectos fundamentales para el Derecho Laboral y Civil de la Ley 21.643 sobre acoso sexual, moral y violencia en el trabajo (‘Ley Karin’)” asistieron profesores y profesoras, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y dirigentes sindicales.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Matías Salazar

La fonoaudióloga Vanessa Kreisel, la terapeuta ocupacional Evelyn Ruiz y la kinesióloga Paula Araya participaron en un encuentro que organizó la Escuela de Kinesiología UV para conmemorar el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo.

Avanzar hacia la conformación de redes interdisciplinarias de apoyo y orientación que promuevan la autonomía y el autorrespeto de las personas autistas, con base en la aplicación de un modelo de intervención social y ciudadano que permita dejar atrás el paradigma de la atención biomédica, es el principal desafío que hoy enfrenta Chile en este ámbito.

Esta conclusión cruzó los pareceres y planteamientos que fueron expuestos, analizados y debatidos durante el desarrollo del encuentro “Sumando miradas: estrategias conjuntas para potenciar la autonomía de la persona autista”, que organizó la Unidad de Vinculación con el Medio de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Valparaíso.

La actividad fue convocada como parte de las diversas iniciativas institucionales destinadas a conmemorar el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo, que cada año se celebra el 2 de abril.

En la jornada expusieron la fonoaudióloga Vanessa Kreisel, docente de la Escuela de Fonoaudiología de la UV y coordinadora del Diplomado en Autismo que imparte esa unidad académica, además de cofundadora de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN); la terapeuta ocupacional Evelyn Ruiz, directora técnica del Centro CATOI de Viña del Mar, y la kinesióloga Paula Araya, profesora de la Escuela de Kinesiología de la UV, especialista en neurorrehabilitación e integrante de la Sociedad Internacional de Investigación en Autismo.

Las profesionales coincidieron al señalar que la realidad que a diario enfrenta la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas con autismo en nuestro país, y que son plenamente autovalentes, está marcada por la incoherencia de los contextos que deben enfrentar —sean estos domésticos, sociales o laborales— y la aplicación de políticas públicas o estrategias poco sostenibles en materia de inclusión y cuidados, lo que en definitiva hace que vean frustrada su legítima aspiración a integrase sin restricciones a la sociedad.

Hacerse cargo

La primera en exponer en el encuentro fue Vanesa Kreisel, quien comentó que es urgente superar las barreras organizacionales, comunicacionales, culturales y actitudinales que, en su opinión, y al menos en Chile, durante décadas han contribuido a invisibilizar el autismo.

“Como especialistas que atendemos a personas con autismo y que también tenemos la responsabilidad de formar a futuros profesionales de la salud y la educación, debemos hacernos cargo de esta situación y contribuir a superarla. Algo que sin duda se ha trasformado en un aporte en este sentido es generar instancias de colaboración interdisciplinaria, equipos capaces de generar redes de apoyo y que además sean capaces de brindar orientación interdisciplinaria y de promover la autonomía y el autorrespeto de las personas autistas, con base en la aplicación de un modelo de intervención social y ciudadano que permita dejar atrás el paradigma de la atención biomédica”, sostuvo la fonoaudióloga de la UV.

En línea con lo anterior, Vanessa Kreisel aseguró que este ejercicio —que apunta al bienestar de quienes han sido diagnosticados con esta condición, sean niños, niñas, jóvenes o adultos mayores— debe incorporar también a las familias, a las comunidades, al entorno donde ellas viven y conviven con otros.

Por su parte, la terapeuta ocupacional Evelyn Ruiz dijo que es fundamental abordar con urgencia estos desafíos y dificultades, porque pese a la existencia de una serie de estrategias, métodos y teorías, los resultados que exhibe nuestro país en materia de autismo son escasos.

En particular, la directora del Centro CATOI afirmó que dada nuestra realidad demográfica, la necesidad de avanzar y cambiar la mirada en este tema no solo debe apuntar a los niños y niñas, sino también a las y los adultos autistas, que enfrentan otro tipo de problemas. Sobre esto, aseguró, vale la pena reflexionar e impulsar acciones concretas.

“Lo que más me llama la atención es el desgaste que enfrenta la persona autista, en especial cuando es adulta, cuyo esfuerzo por encajar en la sociedad, incluso en entornos cercanos, muchas veces no se ve recompensado. Y también la exigencia que en lo relativo a la adaptación ofrece la sociedad y la comunidad. Este desafío es demasiado grande y a mi parecer representa un punto de inflexión al que no hemos llegado. O sea, no podemos pretender que la sociedad se adapte a cada persona, pero tampoco podemos simplemente aceptar que la adaptación no ocurra, que quienes formamos parte de ella, individuos e instituciones, simplemente nos desentendamos; que no haya espacios que se abran. Debemos trabajar para que surjan iniciativas que fomenten y faciliten la participación de las personas con autismo, pues de lo contrario lo único que se logra es que sus expectativas se trasformen en irreales y eso, en definitiva, es un fracaso para todos”, argumentó la terapeuta ocupacional.

Investigar para aplicar

La tercera y última panelista en intervenir fue la kinesióloga Paula Araya, doctora en Psicología por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, cuya línea de investigación principal se enfoca en el desempeño del sistema motor grueso en personas autistas y su relación con otros aspectos del desarrollo, priorizando la intervención temprana, la autonomía y la participación cotidiana de quienes han sido diagnosticados con esta condición.

En la ocasión, la académica de la UV planteó que es fundamental generar instancias interdisciplinarias que aterricen la investigación a las necesidades que enfrentan las personas autistas, sus familias, sus cuidadores y los educadores que se relacionan con ellas.

“Es muy distinto hacer investigación aislada de la realidad de la personas, ya que en este ámbito te encuentras con que las variables se deben medir de forma distinta, de que los constructos —o sea, lo que estás midiendo efectivamente— deben incluir la percepción ecológica, el entorno de los involucrados, para que así tenga validez y, más adelante, los resultados se traduzcan finalmente en políticas públicas efectivas”, aseguró.

Por lo anterior, Paula Araya explicó que una parte de sus investigaciones se centra en abordar las percepciones de los terapeutas que trabajan en el área motriz conductual, entendiendo que el movimiento es parte de la expresión humana y que, como tal, conecta a las personas, y les permite participar del entorno, lo que no sucede cuando surgen ciertas barreras.

“Una de esas barreras es la dificultad que emana cuando un profesional acota o entorpece la labor o el quehacer de otro profesional. El trabajo interdisciplinario es cada vez más importante y necesario. Por eso, no debiera quedar restringido a ciertas áreas, disciplinas o expertos. Entonces, nuestra propuesta —desde la Kinesiología— es abrir campos de trabajo tanto en los sectores educativos como de la salud, que respondan a las actualizaciones y orientaciones técnicas de las leyes que actualmente rigen en nuestro país en el ámbito de la inclusión, en particular la vinculada al autismo”, cerró la especialista en neurorrehabilitación.

Nota: Gonzalo Battocchio

Facultad de Medicina UV acogió jornada organizada por académica de la Escuela de Fonoaudiología y del CICDL, como parte de un proyecto Fondecyt relacionado con las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down.

Conocer los hallazgos y resultados de algunos estudios similares realizados por connotados especialistas nacionales y extranjeros, intercambiar opiniones sobre las metodologías empleadas, generar redes de apoyo entre sus autores y alianzas con las instituciones a las que pertenecen fueron los objetivos de la Jornada Internacional de Investigadores en Fonética y Fonología que acogió la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.

El encuentro fue organizado por la profesora de la Escuela de Fonoaudiología, académica del Centro de Investigación del Desarrollo en Cognición y Lenguaje (CIDCL) de esta casa de estudios y doctora en Psicología, Denisse Pérez, como parte de las actividades que considera el desarrollo de un proyecto Fondecyt regular sobre las causas y los efectos de las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down que ella misma lidera.

A la jornada asistieron, en calidad de relatores principales, el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México y doctor en Lingüística, Mario Chávez-Peón; la profesora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Ciencias del Lenguaje, Marcela San Giacomo, y la catedrática del departamento de Lengua Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (España) y doctora en Filología Hispánica, Carmen Ávila. 

A ellos se sumaron los profesionales e investigadores chilenos Pilar Vivar, Josué Pino, Jaime Soto, Hernán León, Carolina Salinas y Domingo Román.

“Se trató de un encuentro muy interesante y productivo, en el que pudimos abordar diversos temas y conocer más sobre las iniciativas que cada una de las personas que intervinimos en él se encuentra ejecutando. Además, evaluamos algunas conclusiones, establecimos concordancias en materia de objetivos y metodologías aplicadas y afianzamos vínculos, con miras a impulsar nuevos trabajos en los ámbitos de la fonética y la fonología de manera conjunta, en el mediano plazo”, explicó la doctora Pérez. 

Proyecto de continuidad

Entre los estudios presentados y analizados figuró el proyecto Fondecyt 1221581 sobre las causas y efectos de las producciones orales atípicas en niños con Síndrome de Down, el cual busca comparar y evaluar la capacidad predictiva de las habilidades miofuncionales (aquellas orientadas a la prevención y rehabilitación de las disfunciones o desequilibrios de los músculos orofaciales), auditivas y de memoria de trabajo fonológica que presentan sus sujetos de estudio. 

Iniciado en 2022, este estudio es liderado por la doctora Denisse Pérez, como investigadora principal. En él también participan, en calidad de coinvestigadoras, la profesora de la Escuela de Fonoaudiología de la UV y doctora en Educación Inclusiva, Susana Cáceres, especialista de vasta experiencia en la evaluación de niños con Síndrome de Down en edad escolar y con patologías de lenguaje y habla, y la profesora de Lingüística de la Facultad de Salud y del Magíster de Lingüística de la Universidad de Playa Ancha, María Teresa Núñez, doctora en Lingüística y experta en los componentes en la adquisición del lenguaje y la caracterización del idioma español. 

Según explicó la doctora Pérez, esta investigación da continuidad a un proyecto Fondecyt de iniciación realizado entre 2015 y 2018, cuyo fin fue estudiar la adquisición fonológica de dos grupos de niños: uno con desarrollo fonológico prolongado, cuyas edades fluctuaron entre los tres y ocho años, y otro con Síndrome de Down, con edades entre los cinco y los diez años,  pertenecientes a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.  

“Su ejecución nos permitió detectar producciones orales atípicas, correspondientes en su mayor parte a imprecisiones articulatorias, deformaciones de fonemas, alteraciones de resonancia y prosodia, entre otras. Ahora, buscamos profundizar en los efectos de estas condiciones”, concluyó la docente de la Escuela de Fonoaudiología e investigadora del CIDCL de la Universidad de Valparaíso.

Nota: Gonzalo Battocchio / Fotos: Matías Salazar

Actividad fue organizada por la Facultad de Derecho, la Fundación Escuela de Derecho y la Cátedra Leslie Tomasello Hart de la UV.

Con éxito se llevó a cabo el Seminario Internacional “Regímenes patrimoniales del matrimonio: una mirada actual y comparada”, organizado por la Facultad de Derecho, la Fundación Escuela de Derecho y la Cátedra Leslie Tomasello Hart de la Universidad de Valparaíso.

En la instancia expusieron Fabián Faraoni, profesor de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba (Argentina); Verónika Wegner, profesora asistente de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Francisco Cabello, académico de Derecho Civil e Introducción al Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La jornada fue moderada por Rommy Álvarez, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, quien explicó que la actividad buscó generar un espacio de reflexión en torno a las situaciones de los regímenes patrimoniales en Chile y sus perspectivas, así como también avanzar en un análisis comparado.

La académica Verónika Wegner expuso acerca del tema “La defensa de las capitulaciones matrimoniales prenupciales”, donde indicó que “hace algunos años, mientras trabajaba en mi tesis doctoral, pude comprobar las altas tasas de crisis matrimonial y divorcio unilateral. Hoy, ya a 21 años de la promulgación de la Ley 19.947, existen, al 30 de abril del 2024, 733 mil 648 divorcios inscritos, de acuerdo con los datos del Registro Civil. Respecto a las estadísticas del INE, cada vez se celebran menos matrimonios, y ha aumentado en un 25 por ciento la celebración del Acuerdo de Unión Civil, cuyo régimen de salida ante la crisis es bastante más simple y menos oneroso. Esto puede tener diversas explicaciones, pero lo que sí es cierto es que la crisis matrimonial es una problemática con incidencia palpable que repercute en diversos ámbitos de la vida familiar, y que, atendidas las cifras expuestas, se trata de un evento indeseado, pero altamente probable y, por ende, previsible”.

Por su parte, el profesor Francisco Cabello realizó un análisis dogmático del artículo 1.739 del Código Civil, temática respecto a la cual explicó que “se trata de un campo del Derecho Civil en que convergen diversos principios estructurales, como la autonomía de la voluntad, la protección de la familia, la seguridad del tráfico jurídico, la protección de terceros, entre otras, cuya evolución normativa y jurisprudencial nos obliga a repensar ciertas categorías del Derecho Civil tradicional. En este sentido, lo que me propongo es compartir algunas ideas relativas al artículo 1.739 del Código Civil, analizando principalmente dos de sus incisos”.

Finalmente, el académico Fabián Faraoni hizo referencia a los diez años de la entrada en vigencia del Código Civil de Argentina, detallando que “el anteproyecto de nuestro Código Civil y Comercial se elaboró durante los años 2010, 2011 y 2012, para luego luego empezar a regir en agosto del 2015, por lo que llevamos diez años”.

“Los autores del Código Civil y Comercial de Argentina —sobre todo en el libro segundo, que es el libro de las relaciones de familia— sentaron pilares de estructuras, que son tres: la libertad, entendida como autonomía; la igualdad, entendida como pluralismo; y la solidaridad, entendida como responsabilidad. Entonces, todo el sistema de las relaciones de familia está armado sobre estos pilares, y el régimen patrimonial-matrimonial no queda exento. Nosotros hemos abandonado absolutamente la expresión ‘sociedad conyugal’, donde los cónyuges no son socios. Cuando yo hablo de la sociedad conyugal, lo puedo hacer en un sentido instrumental”, añadió.

El registro audiovisual del Seminario Internacional “Regímenes patrimoniales del matrimonio: una mirada actual y comparada” se puede revisar acá:  https://www.youtube.com/watch?v=zMPwgoooeWY.

Nota: Camila Cortez / Fotos: Denis Isla

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso se desarrolla el seminario técnico avanzado “Plantas desaladoras en Chile: conocimiento, oportunidades y desafíos”, con la presencia de investigadores, expertos, académicos, estudiantes, y representantes de entidades públicas y privadas.

La cita, organizada por la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, tiene por objetivo revisar el estado actual del conocimiento sobre desalación en Chile desde el punto de vista socioambiental, legal y del uso de tecnologías.

Juan Fierro, secretario ejecutivo del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), una de las organizaciones organizadoras, cuenta que “esta iniciativa es relevante para nuestra institución, cuyo objetivo es llevar la ciencia a los ciudadanos, de la mano de especialistas, profesionales y directivos de servicios públicos y privados. Esta jornada nos permite intercambiar experiencias sobre aspectos como el cambio climático y el impacto de las plantas a nivel de costa”.

En tanto, Andrés Caamaño, presidente del Grupo de Trabajo de Contaminación Marina del CONA, señala que “la idea es discutir si las plantas desaladoras podrían ser una alternativa en Chile, analizando su factibilidad, las inversiones asociadas, la tecnología y su impacto. El país no tiene una cultura de desalinización como Arabia Saudita, Israel o España, pero las plantas se van a quedar, como una solución para el consumo humano, y también como recurso para la actividad industrial. La idea es promover estas conversaciones para ir aprendiendo y generar conocimiento, para que los tomadores de decisión puedan tener información para la legislación o políticas públicas”.

Patricio Manríquez, ecólogo marino e investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Coquimbo, es uno de los expositores, quien analiza la respuesta de los organismos del maritorio, como invertebrados y algas, a condiciones de salinidad extremas, asociadas a las descargas de plantas desaladoras.

“Tenemos una crisis de agua, pero el conocimiento para implementar medidas de mitigación a los efectos negativos de la desalación debe ser generado en Chile. Por eso, esta es una instancia donde los científicos pueden exponer sus resultados y las dificultades para investigar. Podemos dar soluciones y recomendaciones prácticas factibles de implementar”, asegura.

Mientras, Jorge Bravo, gerente de Medio Ambiente de Minera Candelaria, explica que “desde hace unos diez años tenemos una planta desalinizadora en la bahía de Caldera. El objetivo es contar esa experiencia y mostrar cómo desde el diseño se puede minimizar sus impactos. La desalinización es la solución para el abastecimiento de agua en el corto, mediano y largo plazo. Privados y públicos debemos centrar los esfuerzos en el abastecimiento de agua potable, tanto para consumo humano, como para los industriales”.

Luisa Corrotea, presidenta del comité Agua Potable Rural (APR) de caleta Los Hornos, ubicada en la comuna de La Higuera, en la provincia de Elqui, Región de Coquimbo, expondrá su experiencia de casi veinte años con una desaladora.

“Nos interesa dar a conocer el trabajo de nuestra planta para que sea replicado en otras partes. Por la enorme sequía que hay, sobre todo en la comuna de La Higuera, tenemos que dar a conocer nuestra experiencia. Tenemos un mar donde los gobiernos tienen que invertir, porque necesitamos agua para los habitantes, ya que la sequía no es sólo en Chile, sino a nivel global”, señala.

Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Acades, manifiesta que “en Chile debemos contribuir, mediante el reúso y la desalación, a que todas las personas y actividades puedan tener acceso al agua, a través de procesos que se desarrollen en armonía con las comunidades y el medio ambiente. Sin agua, no hay vida. Al disminuir la disponibilidad de las fuentes de agua que tradicionalmente ocupamos, el mar es la nueva alternativa”.

“Proyectamos un aumento importante de uso de agua desalada en el sector industrial, especialmente en la minería, como también en algunas ciudades costeras e incluso en riego de algunos cultivos, tal como ocurre en países como España e Israel. Actualmente, Chile es el país de América Latina con mayor capacidad de desalación, con 23 desaladoras en operación y con una capacidad instalada total del orden de  9.500 L/s”, asegura.

Por su parte, Felipe Caselli, director de la Escuela de Ingeniería Oceánica, expresa que “para nuestra unidad académica es importante participar de estas instancias. La implementación de plantas desaladoras incluye diversas áreas de desarrollo de los profesionales que se forman en nuestra Escuela, por lo que nos interesa apoyar directamente las instancias de discusión y generación de conocimiento”.

Fotos: Matías Salazar / Nota: Rodrigo Catalán